Para que la ciudadanía no pierda la confianza en el sistema, los órganos de control como la JNJ y la Autoridad Nacional de Control deben fundamentar sus medidas estrictamente en la legalidad y la razonabilidad, aislando por completo sus deliberaciones del ruido y los intereses políticos de turno.
Por: Juan de Dios Medina Aparicio
Abogado
La evaluación de una suspensión preventiva por seis meses contra el juez Richard Concepción Carhuancho por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abre un debate de enorme trascendencia sobre la independencia judicial, la política, el exceso de estar en medios de comunicación y proporcionalidad de los procesos disciplinarios; así como la frontera entre la vida pública y la función del magistrado en el Perú.
Qué antecedentes originaron la controversia
El informe de instrucción que plantea apartarlo provisionalmente del cargo no se basa en fallos de corrupción, sino en cuatro presuntas infracciones administrativas fuera de las audiencias (del ámbito propiamente jurisdiccional):
1. Mostrar una fotografía de Nicanor Boluarte durante una conferencia virtual.
2. Solicitar posteriormente que se retire dicho fragmento de internet.
3. Dictar capacitaciones en institutos que no son universitarios.
4. Haber cantado el rock de «Triciclo Perú» en un evento académico-cultural.
TRATAREMOS DE ANALIZAR EL CASO
- ¿Afectación de la imagen o exceso normativo?: El argumento de la JNJ enfocado en un supuesto «daño a la imagen institucional» por expresiones culturales o charlas académicas parece desproporcionado frente a la gravedad que suele requerir una suspensión de medio año. La Ley de la Carrera Judicial ampara la participación personal en congresos. Penalizar la docencia informal o momentos de esparcimiento podría generar un precedente de híper-regulación punitiva y discriminación, sobre la conducta privada no delictiva de los jueces; dicho de otra forma, en nuestro criterio en este punto, es claramente un exceso de la Junta Nacional de Justicia.
- Sospechas de trasfondo político: El proceso coincide con un escenario de altísima polarización. El magistrado Concepción Carhuancho ha dictado recientemente medidas restrictivas críticas, como la prisión preventiva en el caso del entorno presidencial. Esto provoca, de manera inevitable, que amplios sectores perciban la medida de la JNJ no como un control técnico de ética, sino como una represalia institucional o presión política orientada a debilitar a jueces clave de casos emblemáticos. Este punto es notoriamente desproporcionado y sin sustento factico y normativo, ha dejado clara que la sanción de la JNJ se torna como una venganza política.
- Garantías del debido proceso: Tal como sostuvo la defensa del magistrado, liderada por el jurista Juan Monroy, sancionar faltas de «poca trascendencia» bajo la figura de suspensión, arriesga la autonomía con la que actúan los tribunales. En este apartado, resulta no solo lógico y legal la reposición inmediata del juez en sus funciones.
Para que la ciudadanía no pierda la confianza en el sistema, los órganos de control como la JNJ y la Autoridad Nacional de Control (ANC) deben fundamentar sus medidas estrictamente en la legalidad y la razonabilidad, aislando por completo sus deliberaciones del ruido y los intereses políticos de turno.
Sin embargo, ponemos a debate, si la conducta del magistrado, al haberse convertido en mediático (al estar de manera constante en medios de comunicación), es correcta o un linda con un excesivo afán de figurar.
Cita
Tal como sostuvo la defensa del magistrado, liderada por el jurista Juan Monroy, sancionar faltas de «poca trascendencia» bajo la figura de suspensión, arriesga la autonomía con la que actúan los tribunales.
