Mientras el Gobierno Regional de Puno administra un presupuesto superior a los S/ 797 millones este año, la oficina encargada de atender a más de 24 mil personas con discapacidad dispone de apenas S/ 250 mil. Informe de la Contraloría advierte que la asignación estaría por debajo de lo establecido por ley.
La atención de las personas con discapacidad en Puno enfrenta un escenario preocupante. Un reciente informe de la Contraloría advirtió que los recursos destinados por el Gobierno Regional para el funcionamiento de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) serían insuficientes para atender las necesidades de una población que supera las 24 mil personas registradas en la región.
La OREDIS es la principal instancia encargada de orientar, acompañar y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a programas sociales, beneficios estatales y mecanismos de inclusión promovidos por diferentes entidades públicas.
Un presupuesto mínimo
De acuerdo con el Informe de Control Simultáneo N.° 8448-2026-CG/PREV-SOO, la oficina cuenta este año con un presupuesto de apenas S/ 250 mil para desarrollar sus actividades. La cifra contrasta con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Puno, que supera los S/ 797 millones.
Según la comisión de control, el monto asignado representa únicamente el 0.03 % del presupuesto institucional, porcentaje que estaría por debajo del mínimo de 0.5 % establecido por la Ley N.° 32139 para financiar las actividades y gastos operativos de las oficinas regionales de atención a personas con discapacidad.
Para la Contraloría, esta situación podría limitar la capacidad operativa de la entidad regional para cumplir sus funciones y garantizar la atención de una población que requiere acompañamiento permanente.
El informe señala que existen 24 mil 127 personas con discapacidad con registro activo en Puno. Se trata de ciudadanos que dependen, en distinta medida, de la articulación institucional que realiza la OREDIS.
Beneficios sociales bajo presión
La insuficiencia presupuestal, podría afectar el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de derechos, asistencia técnica, acompañamiento institucional y coordinación con otras entidades públicas encargadas de brindar apoyo a esta población, según el órgano de control.
La preocupación cobra mayor relevancia si se considera que muchas personas con discapacidad enfrentan además condiciones de pobreza, dificultades de acceso a servicios básicos y barreras para su inclusión educativa, laboral y social.
Entre los programas que podrían verse impactados se encuentra el Programa Nacional Contigo, dirigido a personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.
Este programa otorga una pensión bimestral de S/ 300 a sus beneficiarios. Solo en marzo de 2026 se autorizó el pago para 5 mil 484 usuarios en la región Puno, lo que evidencia la magnitud de la población que depende de este tipo de apoyo estatal.
La Contraloría también alertó sobre posibles dificultades en la articulación de beneficios relacionados con el pase libre para el transporte público urbano e interurbano, así como con las oportunidades de acceso a becas y programas de inclusión educativa promovidos por Pronabec.
Si bien el informe no concluye que estos beneficios hayan sido suspendidos o restringidos, sí advierte que una limitada capacidad operativa podría afectar las acciones necesarias para garantizar que lleguen oportunamente a quienes los necesitan.
Ejecución bajo observación
La revisión realizada por el órgano de control también incluyó el seguimiento de la ejecución financiera vinculada a la OREDIS.
Hasta la fecha de corte del informe, la oficina registraba S/ 57 mil 869 devengados, es decir, gastos que ya habían sido comprometidos y reconocidos formalmente por la entidad. Asimismo, se reportaron S/ 47 mil 409 girados, correspondientes a recursos efectivamente desembolsados.
Estos indicadores fueron evaluados por la comisión de control como parte de la supervisión del uso de los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad en la región.
Ante las observaciones identificadas, la Contraloría notificó el informe al gobernador regional, Richard Hancco Soncco, para que adopte las medidas correspondientes.
La autoridad regional deberá informar en un plazo máximo de cinco días hábiles las acciones preventivas o correctivas que implementará para atender los riesgos advertidos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el financiamiento de la atención a personas con discapacidad.
Dato
La Ley General de la Persona con Discapacidad y la Ley N.° 32139 establecen que los gobiernos regionales deben destinar anualmente recursos específicos.
