La impunidad se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el Perú. Desde infracciones cotidianas hasta actos de corrupción y crimen organizado, la sensación de que las normas no se cumplen debilita la convivencia y las instituciones. Ante este escenario, surge la propuesta de fortalecer la denuncia ciudadana como una herramienta efectiva para fiscalizar, sancionar y disuadir conductas ilegales.
Por: Sergio E. Mostajo C. Periodista
El Perú es un enfermo terminal. Duele decirlo, pero así es. El cáncer de la impunidad lo está matando. Avanza campante, galopante, hace metástasis y, si no se aplica una cirugía mayor que lo extirpe de raíz, terminará con él y, de paso, con todos nosotros.
La impunidad es un mal que aparece como un comportamiento que puede parecer banal. Y es que aquí todos hacen lo que quieren, lo que les da la gana, sin ningún respeto por la autoridad, sin acatar la ley y sin cumplir las normas de convivencia más elementales.
En el país reina el “¡qué pe!”, como respuesta de los infractores a cualquier llamado de atención de la cada vez más escasa población pensante, población consciente, población decente, población avergonzada. Un rotundo: “qué pe, para eso pago mis impuestos”, es la agresiva frase con la que “los indignados” suelen responderles.
La impunidad se materializa al pasarse la luz roja de los semáforos, ir contra el tránsito, estacionar en zonas rígidas, sobrepasar los límites de velocidad, miccionar en la calle, tirar basura con o sin bolsas, escupir en la vía pública, toser en el transporte público, no usar mascarilla si se está enfermo, pasear mascotas sin bozal y no recoger sus excretas en parques y calles. Comportamientos banales, pero muy destructivos.
La impunidad también se manifiesta a través de los crímenes atroces que ocurren todos los días y a toda hora. El sicariato se está normalizando; ya no asombra, ya no apena. El chantaje y la extorsión conviven con nosotros. Las invasiones de terrenos se han convertido en una práctica común; ya no sorprende verlas en cualquier lugar.
La impunidad se evidencia en el comportamiento criminal de una gran mayoría de autoridades. El peculado, las malversaciones, las licitaciones amañadas, las obras sobrevaloradas, el engaño, la mentira y el robo se han institucionalizado. Ya no llama la atención ver a expresidentes, exgobernadores presos o a exalcaldes denunciados.
Es aquí donde propongo la denuncia ciudadana como una forma de paliar este grave problema, de erradicar este mal que nos quita competitividad, que caotiza nuestra sociedad y que nos resta calidad de vida.
Cierto, algunos dirán que la denuncia ciudadana ya existe. Muchos casos han sido descubiertos gracias a ella y muchos infractores han sido sancionados por haber sido denunciados. Sin embargo, voy más allá: hay que idear métodos y formas para hacerla masiva, que sea efectiva, que genere temor entre los infractores y que tenga un rol disuasivo.
Por ejemplo, que los ciudadanos de bien tengamos un canal abierto para denunciar a los conductores que infrinjan el reglamento de tránsito; que podamos enviar fotos, videos o documentos probatorios corroborados que permitan a la autoridad municipal aplicar las sanciones que la ley establece. Algo más: que esa denuncia sea premiada con el pago de un porcentaje de la multa a favor del denunciante.
Esto mismo puede hacerse en el plano policial y judicial. Será muy necesario que esta práctica ciudadana tenga resultados efectivos, que se abran procesos, se ejecuten redadas, se capture a los criminales, se concreten juicios céleres, precisos, oportunos y honestos, y que se vean resultados.
Si no es así, de poco servirá la denuncia ciudadana.
CITA
“En el país reina el ‘qué pe’ como respuesta frente a cualquier llamado de atención”.
DATO
Miles de infracciones de tránsito y actos de corrupción quedan impunes cada año en el país.
