Se investiga una presunta negociación incompatible y omisión de funciones tras la firma de un acta que autorizó el cobro de S/ 1.30 sin estudios técnicos ni renovación de flota. Esto benefició indebidamente a consorcios del Sistema Integrado de Transportes.
El vacado alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, tendrá que comparecer ante el Ministerio Público. Y es que se dispuso el inicio de una investigación preliminar tras el incremento del pasaje urbano a S/ 1.30 que benefició a las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Esta medida responde a una denuncia interpuesta por la regidora Rocío Amparo Mango Chipana; suspendida por 30 días.
El caso en cuestión obra en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Walter Alejandro Churata Checya. La investigación también incluye a la exgerente de Transportes y Movilidad Sostenible, Milagros Patricia Chirinos Rosas. Junto al exburgomaestre, son señalados por su intervención directa en la suscripción del acta de cierre de trato directo que modificó el tarifario en desmedro de la ciudadanía.
La tesis fiscal sostiene que los denunciados habrían incurrido en los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Tras la firma del convenio, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) vulneró el contrato de concesión que establece el incremento de tarifa condicionado exclusivamente a la implementación total de una flota nueva.
El SIT se encuentra actualmente en etapa preoperativa. Esto prohíbe taxativamente cobrar una tarifa superior a la vigente mientras se opere con unidades antiguas. Se calcula un perjuicio económico calculado en cerca de 160 millones de dólares, monto que representa la inversión privada (CAPEX) no ejecutada por los transportistas para la renovación de 1,749 buses. En lugar de sancionar este incumplimiento con la resolución de contratos, los funcionarios habrían optado por premiar a las empresas con un pasaje más caro.
Además, según la denuncia, el acta de cierre de trato directo contiene una trampa jurídica, pues se establece que si no se firma una adenda en seis meses, el acuerdo mantendrá su vigencia hasta un eventual laudo arbitral. Esto podría perpetuar una tarifa considerada ilegal por años, hipotecando la economía de los ciudadanos bajo el disfraz de una medida provisoria.
DATO
La exgerente de Transportes, Milagros Chirinos Rosas, también es investigada por el presunto delito de usurpación de funciones.
