Un informe de la Contraloría detectó modificaciones presupuestarias sin sustento técnico, compras de equipos tecnológicos fuera de planificación y contrataciones con empresas vinculadas entre sí dentro de la Beneficencia del Cusco. El caso involucra adquisiciones por más de S/ 105 mil y posibles responsabilidades administrativas.
Una serie de modificaciones presupuestarias realizadas sin sustento técnico, compras de equipos tecnológicos fuera de la programación institucional y contrataciones con empresas vinculadas entre sí encendieron las alertas de la Contraloría General de la República dentro de la Sociedad de Beneficencia del Cusco.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 005-2026-OCI/0482-AOP, emitido el 7 de mayo de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI), advierte presuntas irregularidades en procesos de adquisición de computadoras, impresoras multifuncionales y mobiliario durante el año 2025.
Según el documento de control, las observaciones comprometen la legalidad del gasto público, el principio de libre competencia y la transparencia en las contrataciones internas de la entidad.
Modificaciones presupuestarias
La investigación revela que diversas oficinas realizaron modificaciones internas de presupuesto y habilitaron nuevas partidas de gasto que no estaban contempladas originalmente en el Presupuesto Institucional Inicial 2025 ni en el Cuadro de Necesidades aprobado para ese año.
Pese a ello, entre octubre y noviembre de 2025 se publicaron 16 convocatorias de cotización para adquirir 17 computadoras, tres fotocopiadoras, seis impresoras multifuncionales y mobiliario diverso.
La Contraloría detectó que dichas modificaciones se realizaron únicamente mediante actas y solicitudes internas, sin informes técnicos que justificaran la necesidad o prioridad de las adquisiciones, incumpliendo la Directiva N.° 001-2022-OPP-GG-SBC.
Además, el OCI advirtió que varias áreas ya registraban saldos negativos antes de aprobarse las modificaciones presupuestarias.
Entre los casos observados figuran déficits en la Oficina de Personal por más de S/ 17 mil en obligaciones laborales y más de S/ 7 mil en equipos tecnológicos. También se detectaron saldos en rojo en las oficinas de Abastecimientos, Asesoría Legal y Planificación y Presupuesto.
Falta de control
El informe también cuestiona que las especificaciones técnicas para la compra de computadoras e impresoras fueran tramitadas y publicadas sin contar con el visto bueno obligatorio del responsable de informática de la entidad.
Pese a ello, la Oficina de Abastecimientos continuó los procesos y emitió órdenes de compra para equipos tecnológicos y mobiliario.
La Contraloría identificó adjudicaciones a favor de las empresas Inversiones Virtual Business S.A.C. e Inversiones Computer Store S.A.C. por montos que, en conjunto, superan los S/ 105 mil.
Entre las órdenes observadas figuran adquisiciones por S/ 5 mil 576, otra por el mismo monto, una tercera por S/ 11 mil 152 y otra por S/ 29 mil 350 para la compra de computadoras de escritorio.
Empresas vinculadas
Uno de los hallazgos más delicados del informe se refiere a la relación existente entre las empresas que participaron y resultaron beneficiadas en las contrataciones.
Tras revisar información de SUNARP y SUNAT, la Contraloría concluyó que ambas compañías comparten como socia fundadora a Sandra Castro Ovalle, lo que evidenciaría una presunta simulación de competencia dentro de los procesos de cotización.
El OCI sostiene que esta situación vulnera directamente el artículo 33 del Reglamento de Contrataciones de la entidad y los lineamientos de buenas prácticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que prohíben contratar con proveedores vinculados entre sí.
Según el informe, la Oficina de Abastecimientos omitió verificar dicha vinculación económica antes de emitir las órdenes de compra.
Funcionarios observados
La Contraloría identificó responsabilidades funcionales en distintas áreas de la entidad.
Entre los funcionarios observados figuran el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, por tramitar certificaciones presupuestales sin sustento técnico; el gerente general, por aprobar modificaciones sin documentación completa; y jefes de oficinas como Personal, Abastecimientos, Asesoría Legal y Bienes Inmuebles, por suscribir solicitudes de modificación presupuestaria sin los informes requeridos.
Asimismo, la jefa de la Oficina de Personal reconoció en un informe posterior que las adquisiciones respondieron a una deficiente programación inicial de necesidades institucionales.
El informe también señala que el jefe de Planificación presentó descargos en enero de 2026; sin embargo, estos fueron rechazados por no incluir sustento técnico válido.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Órgano de Control Institucional recomendó al presidente del Directorio de la Beneficencia del Cusco adoptar medidas inmediatas para corregir las irregularidades detectadas y disponer el deslinde de responsabilidades administrativas o civiles que correspondan.
Dato
La investigación de la Contraloría comprende adquisiciones realizadas entre octubre y noviembre de 2025.
