La acusación se sustenta en la aprobación de circulación de unidades M2 y otras con mayor antigüedad, pese a prohibición del contrato de concesión del SIT. Desde el municipio aclaran que existe la posibilidad de circulación temporal de esas unidades en zonas de difícil acceso para cubrir la periferia.
El Ministerio Público aperturó otra carpeta penal contra funcionarios del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez. Esta medida surge como respuesta a una denuncia interpuesta por el ciudadano Víctor Mendoza Palomino, dirigente de los transportistas informales, quien acusó de favorecer a empresas de transporte con resoluciones irregulares que les permite operar con unidades M2.
La denuncia fue interpuesta contra los funcionarios Milagros Patricia Chirinos Rosas y Rene Javier Ortiz Zegarra. Ambos enfrentan cargos por delitos contra la administración pública y la fe pública, en la modalidad de abuso de autoridad, rehusamiento ilegal de actos funcionales y concusión.
Sucede que la Gerencia de Transportes, a cargo de los mencionados, emitió la Resolución Gerencial N° 1313-2025-MPA-GTMS el 19 de diciembre de 2025. Esto permitió la habilitación de unidades M2 (combis o minivanes) para operar en rutas alimentadoras del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Pero el contrato establecería otro parámetros técnicos de antigüedad y tipo de vehículos.
Se defienden
La gerente de Transportes y Movilidad Sostenible, Milagros Chirinos, explicó a Evidencia que la citada resolución no transgrede el contrato ley. Toda vez que existe una cláusula temporal para habilitar la circulación de unidades M2. Esto por la mala condición de las vías que impide la circulación de vehículos grandes y con el objetivo de cubrir las zonas periféricas.
Adicionalmente, la denuncia menciona que el transporte formal cubre solo el 40% de la demanda, la diferencia es cubierta por el transporte informal, cuyos conductores afrontan operativos de fiscalización con decomisos e internamientos de vehículos, presuntamente para forzar la adhesión al SIT.
DATO
La Fiscalía citó para este 15 de abril al denunciante y a los demandados para recoger sus declaraciones.
