Tras las elecciones del 12 de abril, el Perú se prepara para estrenar su Congreso bicameral. Aunque habrá dos cámaras y dos presidentes, la figura del presidente del Congreso se mantiene de forma funcional.
Tras las elecciones del 12 de abril, el Perú se prepara para estrenar su Congreso bicameral. Aunque habrá dos cámaras y dos presidentes, la figura del presidente del Congreso se mantiene de forma funcional.
El partido que promete «decencia, eficiencia y valentía» se queda sin representación para el Senado de Arequipa. Uno renunció y otra fue declarada improcedente por no tramitar licencia laboral. Además, de los seis diputados, sólo dos nacieron en la región.
Armando Massé lidera un partido que promete «profundizar la democracia», pero en Arequipa un candidato al Senado arrastra condenas por homicidio culposo, usurpación y peligro común. Además, otro aspirante fue retirado por figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Tres de ocho candidatos no registran estudios universitarios; mientras que Sergio Dávila, postulante al Senado fue congresista y alcalde de Camaná y es procesado por Enriquecimiento Ilícito, por un desbalance de más de S/ 600 mil.
El politólogo Omar Awapara Franco detalla cómo se dividirán las funciones entre diputados y senadores, quién fiscaliza al Ejecutivo, qué cámara puede ser disuelta y por qué el Senado tendrá la última palabra en la aprobación de leyes.
Con solo 0.7% de intención de voto según el Instituto de Estudios Peruanos, el APRA apuesta en Arequipa por una lista marcada por renuncias previas, polémicas de gestión y el desafío de revivir un partido que muchos dan por extinto.
El exalcalde de Sibayo, presentó oficialmente su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación, prometiendo enfrentar leyes pro-crimen desde una mirada local y cercana a la gente.
El JNE confirmó en segunda instancia la improcedencia de la lista al Senado por Arequipa de Demócrata Unido Perú, al verificar que el partido no subsanó observaciones dentro del plazo legal ni cumplió requisitos formales exigidos.
Uno de cada cinco candidatos de Alianza para el Progreso registra sentencias judiciales firmes. La cifra expone contradicciones entre el discurso del partido y los antecedentes de quienes buscan representación nacional.
Postulantes son de diferentes regiones del Perú. Incluso hay uno que vive en Argentina. Además, un procesado por pensión de alimentos para sus hijos busca alcanzar un escaño.