El streamer Cristopher Puente Viena suma tres denuncias penales en Cusco y Puno por expresiones racistas contra poblaciones andinas. Los casos advierten que podría enfrentar hasta cuatro años de cárcel.
El caso del streamer Cristopher Puente Viena, conocido como “Cristorata”, continúa escalando en el ámbito judicial. A las denuncias ya presentadas en Cusco y Puno, ahora se suma una tercera acción penal interpuesta ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos en Puno, por presuntas expresiones discriminatorias difundidas en redes sociales.
Con ello, el creador de contenido enfrenta actualmente tres denuncias formales por el presunto delito de discriminación, todas relacionadas a comentarios emitidos durante una transmisión en vivo tras conocerse los resultados de las Elecciones Generales 2026.
Las primeras denuncias fueron presentadas por los abogados John Torres Roselló, en la provincia de San Román (Juliaca), y Dennis Llamocca Chillca, en Cusco, ambas ante fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad.
A estas se suma la reciente denuncia interpuesta por Raúl Constantino Samillán Sanga, presidente de la organización de familiares de víctimas de las protestas sociales de 2022-2023, quien formalizó la acción penal en representación de la población puneña.
Cuestionamientos
Pese a haber sido presentadas en distintas jurisdicciones, las denuncias coinciden en los principales cuestionamientos contra el creador de contenido.
Se le atribuye haber emitido expresiones ofensivas y despectivas contra ciudadanos de regiones como Puno, Cusco, Ayacucho y Arequipa. En las demandas se acusa que sus comentarios constituyen actos de discriminación por origen y condición cultural, dirigidos especialmente a poblaciones andinas. Se advierte que las expresiones no solo afectan a personas individuales, sino también a colectividades completas, incluyendo comunidades campesinas y sectores históricamente vulnerables.
Asimismo, en los tres casos se remarca que los hechos ocurrieron en un contexto de alta sensibilidad política, tras conocerse los resultados electorales 2026, lo que habría amplificado el impacto de los mensajes difundidos.
De manera coincidente, los denunciantes han solicitado al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares, así como la recopilación y conservación del material audiovisual difundido en redes sociales.
También se ha requerido la identificación formal del investigado, la toma de declaraciones y la realización de pericias especializadas —incluyendo análisis antropológicos, socioculturales e informáticos— para determinar el contenido discriminatorio y su alcance.
Posible delito y sanciones
Las tres denuncias coinciden en que los hechos podrían configurar el delito de discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona actos de exclusión o menosprecio por motivos de origen, cultura u otros factores.
De comprobarse la responsabilidad, el streamer podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, entre otras consecuencias legales. Los denunciantes también subrayan que eventuales disculpas públicas no eliminan la responsabilidad penal.
Uno de los aspectos clave del caso es que las denuncias podrían ser acumuladas en una sola investigación fiscal, ya sea en Lima o en una de las regiones involucradas, con el objetivo de centralizar las diligencias. Esta posibilidad ha sido planteada desde Puno, considerando la existencia de fiscalías especializadas en ciudades como Juliaca.
Pronunciamiento del Estado
El Ministerio de Cultura del Perú rechazó las expresiones y anunció que su Procuraduría pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.
Los denunciantes advirtieron que este caso evidencia una problemática persistente en el país, donde la discriminación continúa presente, especialmente en espacios digitales y en perjuicio de poblaciones del sur.
Asimismo, señalaron que estas acciones buscan sentar un precedente para evitar la normalización de discursos ofensivos.
Dato
En el Perú, el delito de discriminación puede agravarse cuando se difunde a través de plataformas digitales o redes sociales, debido a su alcance masivo y capacidad de amplificación.
