La intervención forma parte de una investigación por presuntas irregularidades en una obra ejecutada en 2025. La Fiscalía sospecha que contrataciones fueron fraccionadas para evitar licitaciones y que algunos trabajos habrían comenzado antes de la emisión de órdenes de servicio.
Más de 100 efectivos policiales y 11 fiscales especializados desplegaron la madrugada de este martes un megaoperativo simultáneo en la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), la Gerencia de Ingeniería y Obras (GIO) y viviendas de funcionarios y proveedores investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de una obra valorizada en S/ 550 mil.
Las diligencias comenzaron alrededor de las 4:00 am y estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la División de Inteligencia de Lima y personal policial procedente de Tacna, Puno, Arequipa y Moquegua.
Según informó el jefe del Departamento de Investigación contra la Corrupción (Dicocor), comandante PNP Ernesto Castañeda Alarcón, en el operativo participaron 108 efectivos policiales, de los cuales 24 pertenecían a la Dirección Contra la Corrupción y 84 a la Región Policial Tacna. Además, once fiscales acompañaron las diligencias que se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.
La medida fue autorizada por la jueza Sonia Carolina Marín Valdivia, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
La obra bajo investigación
Detrás del amplio despliegue policial se encuentra una investigación relacionada con el mantenimiento, remodelación y ampliación del tercer piso de la Gerencia de Ingeniería y Obras de la Municipalidad Provincial de Tacna, proyecto valorizado en S/ 550 mil.
De acuerdo con la tesis fiscal, funcionarios municipales habrían implementado un presunto esquema para evitar los procedimientos regulares de contratación pública. La investigación sostiene que el presupuesto habría sido fraccionado en diversos requerimientos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), permitiendo realizar contrataciones directas sin convocar procesos de adjudicación simplificada.
Según la carpeta fiscal, este mecanismo habría favorecido la contratación de determinados proveedores para la ejecución de bienes y servicios vinculados a la obra.
Las pesquisas también apuntan a que varios trabajos habrían comenzado antes de contar con contratos u órdenes de servicio formalmente emitidas. Posteriormente, dichos documentos habrían sido regularizados para sustentar administrativamente labores que ya se encontraban ejecutadas.
Uno de los casos observados corresponde a la fabricación e instalación de tijerales metálicos que, según la investigación, ya estaban colocados en la infraestructura semanas antes de la emisión de las respectivas órdenes de servicio.
Funcionarios y proveedores investigados
La medida judicial comprende a cinco funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna: Juan Diego Corrales Ponce, gerente de Ingeniería y Obras; Jorge Luis Zapana Quispe, jefe de la Oficina de Abastecimiento; Milagros Alexandra Velarde Mestas, jefa de Adquisiciones; Carlos Gerardo Cruz Espinoza, jefe de Supervisión de Inversiones; y Guillermo Jesús Chocano Rossi, inspector de la obra.
Asimismo, la investigación alcanza a siete proveedores: Diego Salcedo Cuarite, representante de D’Leon Constructer E.I.R.L.; Kevin Roberto Huamani Mamani, representante de Athena Construcciones S.A.C.; Yuly Guiliana Alave Pari, representante de Grupo Eduger S.A.C.; José Luis Puelles Mamani; Vilma Esther Mamani Vega; María Olga Choquecota Loma, representante de Josmy Top E.I.R.L.; y David Elías Musaja Chambilla.
De acuerdo con la información fiscal, varios de estos proveedores mantendrían vínculos familiares y comerciales entre sí.
El operativo comprendió la sede principal de la Municipalidad Provincial de Tacna, las oficinas de la Gerencia de Ingeniería y Obras y doce viviendas ubicadas en los distritos de Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Leguía y Tacna Cercado.
Las diligencias también se concentraron en las oficinas de Abastecimiento y Tesorería, donde fiscales y policías recopilaron expedientes administrativos, documentación relacionada con contrataciones, computadoras, teléfonos celulares, memorias USB y otros soportes digitales.
Según el comandante Ernesto Castañeda, los allanamientos se realizaron sin necesidad de utilizar la fuerza para ingresar a los inmuebles, debido a que los investigados permitieron el acceso de las autoridades.
La evidencia incautada será sometida a pericias y evaluaciones técnicas como parte de la investigación. El Ministerio Público determinará si los elementos recogidos permiten ampliar las pesquisas o solicitar nuevas medidas contra los investigados.
Dato
El megaoperativo coincidió con una protesta del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), cuyos afiliados mantienen una huelga con olla común en los exteriores del palacio municipal.
