Sin filtro | El legado de Ollanta: cuando la desconfianza se convirtió en política

Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo

Hay gobiernos que se recuerdan por las grandes obras que dejaron. Otros, por las oportunidades que desperdiciaron. El de Ollanta Humala será recordado, probablemente, por algo más profundo y dañino: haber contribuido a que millones de peruanos dejaran de creer en sus instituciones.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional que anuló el proceso penal seguido contra el expresidente no reescribe la historia política del Perú. Cambia su situación jurídica, sí; pero no borra un quinquenio marcado por investigaciones, conflictos sociales, pérdida de confianza y decisiones cuya factura seguimos pagando hasta hoy.

La historia de un gobierno no la escribe únicamente un expediente judicial. También la escriben sus actos de gobierno, la calidad de sus instituciones y las consecuencias que deja sobre la vida de las personas.

Humala llegó al poder prometiendo una gran transformación. Ofreció un Estado más justo, una economía al servicio de los ciudadanos y una nueva relación con las regiones. Terminó gobernando entre contradicciones. El candidato que en campaña popularizó el “agua sí, oro no” terminó enfrentando algunos de los conflictos mineros más graves de las últimas décadas. Conga, Espinar y Tía María evidenciaron un Estado incapaz de prevenir conflictos, dialogar oportunamente y construir confianza entre inversión, comunidades y autoridades.

Mientras tanto, el crecimiento económico comenzó a perder fuerza. Es cierto que el Perú enfrentó un contexto internacional adverso por la caída de los precios de los minerales y la desaceleración de China. Pero también es cierto que la incertidumbre política, la paralización de inversiones y la ausencia de reformas estructurales terminaron agravando esa desaceleración. Un país que había sorprendido al mundo por su dinamismo empezó a caminar con freno de mano.

A ello se sumaron decisiones cuyos efectos aún pesan sobre las finanzas públicas. El Gasoducto Sur Peruano terminó convertido en uno de los proyectos más emblemáticos del fracaso estatal, mientras que la modernización de la Refinería de Talara derivó en una pesada carga financiera para Petroperú. Ambos proyectos, concebidos como motores del desarrollo nacional, terminaron simbolizando los enormes riesgos de una gestión pública con débil control político y administrativo. Pero quizá el mayor daño no fue económico, fue institucional.

Durante esos años comenzó a consolidarse una percepción que todavía persigue al Estado peruano: que la política dejó de competir únicamente en las urnas para trasladarse a los despachos fiscales, a los tribunales y a las instituciones llamadas precisamente a garantizar imparcialidad. Esa percepción -sea compartida o no- terminó erosionando la confianza ciudadana en la justicia, el Ministerio Público y los organismos constitucionales.

Paralelamente, la figura de Nadine Heredia adquirió un protagonismo político pocas veces visto para una primera dama. La sensación de un poder paralelo alimentó dudas sobre los límites del ejercicio democrático y sobre quién tomaba realmente las decisiones más importantes del país.

Las investigaciones por el financiamiento de las campañas electorales, vinculadas presuntamente a recursos provenientes del gobierno venezolano y de Odebrecht, profundizaron aún más esa crisis de confianza. La posterior nulidad del proceso penal, basada en criterios constitucionales sobre legalidad y tipicidad, no elimina el debate político ni las interrogantes éticas que durante años acompañaron a ese gobierno. Tampoco convierte automáticamente en falsas todas las investigaciones realizadas. Simplemente establece que el proceso seguido no respetó determinados principios constitucionales.

Ese matiz es importante en una democracia madura. Porque la justicia puede absolver o anular procesos; pero corresponde a la ciudadanía juzgar políticamente el desempeño de sus gobernantes.

Sería injusto afirmar que durante el gobierno de Humala todo fue negativo. Se consolidaron programas sociales importantes, la pobreza continuó reduciéndose y la estabilidad macroeconómica nunca llegó a romperse. Esos logros también forman parte de la historia.

Sin embargo, el balance general deja una pregunta incómoda: ¿qué habría sido del Perú si ese capital político y económico se hubiera administrado con mayor transparencia, mejor gestión y una institucionalidad más sólida?

Hoy el país continúa atrapado en una crisis de representación donde ningún poder del Estado goza de verdadera legitimidad ciudadana. Esa fractura no nació con Ollanta Humala, pero durante su gobierno terminó profundizándose hasta convertirse en una característica permanente de nuestra política.

Las instituciones no se derrumban de un día para otro. Se debilitan lentamente, cuando la confianza desaparece, cuando la política sustituye al Estado y cuando los ciudadanos dejan de creer que la ley es igual para todos.

Ese quizá sea el verdadero legado del humalismo: no únicamente las investigaciones, las obras inconclusas o los conflictos sociales, sino haber contribuido a una época en la que los peruanos empezamos a desconfiar de todo y de todos. Y recuperar esa confianza, lamentablemente, tomará mucho más que un fallo judicial.

Cita

Sería injusto afirmar que durante el gobierno de Humala todo fue negativo. Se consolidaron programas sociales importantes, la pobreza continuó reduciéndose.