Una falla logística en las elecciones expone graves problemas en la ONPE y golpea la confianza en el sistema electoral. Jonathan Bárcena cuestiona la responsabilidad institucional y advierte riesgos para la democracia peruana.
Lic. Jonathan A. Bárcena Carpio. Periodista
¿Y ahora qué, Corvetto? El proceso electoral, aquel pilar sagrado de nuestra democracia, fue vulnerado no por factores externos, sino por la propia institución que se jacta de llevar una elección transparente. La ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la cereza del pastel de esta crisis política que aqueja a nuestro país.
Lo ocurrido en la última jornada electoral no es un simple error logístico; es una señal alarmante de negligencia, improvisación y, peor aún, de una preocupante falta de responsabilidad institucional. No es solo un error de cálculo menor; es una muestra de lo mal que está el sistema electoral nacional desde hace mucho tiempo.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, intentó sacudirse el polvo de la responsabilidad con una explicación que insulta la inteligencia del elector: “La distribución del material electoral fue tercerizada”, dijo. Este argumento, lejos de ser un paliativo, es una confesión de negligencia y una razón suficiente para que entregue su chalequito azul y dé un paso al costado.
¿Cómo es posible que el organismo encargado de velar por el sufragio de millones de peruanos entregue la logística más crítica a una empresa como Galaga? Hablamos de una entidad que ya cargaba con sanciones previas de la propia ONPE. Contratar a una empresa sancionada para una tarea crucial como la de custodiar y distribuir el material electoral no es solo un error administrativo; es una decisión temeraria que hoy nos pasa la factura.
La tardía entrega del material electoral en 15 locales de votación de la capital de la República no es justificable bajo ningún argumento. No estamos hablando de una institución nueva que toma las riendas electorales; estamos hablando del ente electoral de todos los años.
Si el engranaje principal falla en el momento de la verdad, no hay excusa técnica que valga. La ONPE se prepara durante años para cada proceso electoral, cuenta con presupuesto (S/ 900 millones), planificación y experiencia acumulada suficiente, y en estas elecciones ha escrito en la historia una de sus mayores irresponsabilidades.
La cifra es alarmante: 63 300 electores fueron privados de su derecho constitucional a sufragar. No son solo números en un reporte; son miles de ciudadanos que, tras horas de espera frente a locales de votación cerrados o sin material, regresaron a sus casas con la amarga sensación de que su voz no cuenta. Y no basta, señor Corvetto, con salir en una conferencia de prensa y pedir disculpas.
Este vacío logístico es, en la práctica, un golpe directo a la transparencia electoral. En un país polarizado y herido por la desconfianza, una falla de esta magnitud inevitablemente levanta una polvareda con olor a fraude que deslegitima cualquier resultado.
Por eso, la responsabilidad política no puede diluirse en tecnicismos. El jefe de la ONPE debe asumir las consecuencias. La renuncia de Piero Corvetto no es un acto de sacrificio; es un mínimo gesto de respeto hacia el país y la investidura de la institución electoral. Las instituciones se fortalecen cuando sus líderes responden por sus errores, no cuando los minimizan.
La democracia no se improvisa. Se construye con rigor, transparencia y responsabilidad. Lo ocurrido no es un tropiezo menor; es un golpe directo a la confianza ciudadana. Y cuando la transparencia es golpeada, lo que tambalea no es solo una elección, sino el sistema democrático en su conjunto.
El Perú no puede permitirse una crisis más, y menos una que nazca de la incompetencia de quienes deben ser los guardianes de nuestra voluntad popular.
CITA
«La democracia no se improvisa; requiere transparencia, responsabilidad y rigor en cada proceso electoral»
CIFRA
63,300 electores no pudieron votar debido a fallas en la entrega de material electoral.
DATO
La ONPE contó con un presupuesto cercano a S/ 900 millones para la organización del proceso electoral.
