La prevención ante huaicos y derrumbes requiere identificar puntos críticos, disponer maquinaria y activar protocolos antes de la emergencia.
Las lluvias, huaicos y derrumbes que han golpeado al sur del país vuelven a dejarnos una imagen demasiado conocida: carreteras interrumpidas, pasajeros varados, vuelos cancelados, viviendas afectadas, maquinaria intentando recuperar vías y autoridades reaccionando cuando la emergencia ya está encima.
Esta vez, las intensas precipitaciones asociadas a la DANA Aníbal han puesto nuevamente a Arequipa, Moquegua y Tacna frente a una pregunta que deberíamos formularnos después de cada desastre, pero sobre todo antes del siguiente: ¿cuánto de lo ocurrido era inevitable y cuánto pudo prevenirse o, al menos, mitigarse mediante una adecuada gestión del riesgo?
El fenómeno meteorológico es natural. El desastre, en cambio, no necesariamente lo es. Una lluvia extraordinaria no puede evitarse. Tampoco puede exigirse que un aeropuerto opere cuando las condiciones meteorológicas comprometen la seguridad de los vuelos. Pero sí podemos reducir nuestra vulnerabilidad frente a esos acontecimientos. Podemos mantener carreteras y drenajes, identificar quebradas críticas, establecer rutas alternativas, disponer maquinaria estratégicamente, contar con sistemas de alerta y preparar la respuesta para evitar que, miles de ciudadanos queden abandonados a su suerte. Ese es precisamente el sentido de la prevención.
La alerta debe convertirse en decisiones, especialmente cuando una institución técnica como SENAMHI advierte la posibilidad de lluvias intensas, esa información no debería terminar convertida únicamente en una publicación compartida por redes sociales. Una alerta meteorológica debe desencadenar decisiones.
Si se pronostican precipitaciones importantes sobre zonas donde históricamente se producen huaicos y derrumbes, las autoridades deberían inspeccionar puntos críticos, advertir a transportistas, preparar restricciones de tránsito, movilizar anticipadamente maquinaria, verificar rutas alternas y poner en alerta a los servicios de emergencia.
La prevención no consiste en acertar exactamente dónde caerá un huaico. Consiste en estar preparados para los escenarios razonablemente previsibles.Y eso nos lleva a una cuestión fundamental: los planes de contingencia.
En el Perú existe un marco jurídico específico que obliga al Estado a gestionar el riesgo de desastres. La Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya finalidad comprende identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, evitar la generación de nuevos riesgos y garantizar la preparación y atención frente a situaciones de desastre.
La prevención forma parte de las responsabilidades del Estado. El desarrollo de esta ley se encuentra en su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 048-2011-PCM, posteriormente modificado, entre otras normas, por el Decreto Supremo N.º 060-2024-PCM. Este marco determina procesos, instrumentos y responsabilidades para las entidades integrantes del SINAGERD. Pero para lo ocurrido estos días existe una disposición todavía más pertinente: la Resolución Ministerial N.º 188-2015-PCM, que aprobó los Lineamientos para la Formulación y Aprobación de los Planes de Contingencia.
Estos lineamientos no se limitan a ordenar que exista un documento denominado “Plan de Contingencia”. Regulan su formulación, aprobación, difusión, implementación y evaluación en los niveles nacional, sectorial, regional y local.
Y allí aparece una diferencia decisiva. Tener un plan no significa estar preparado. Un documento puede estar perfectamente redactado, aprobado mediante resolución y archivado en una oficina. La verdadera pregunta es si ese plan fue implementado, actualizado, difundido, probado y, sobre todo, activado cuando aparecieron las primeras señales de peligro.
Por ello, frente a lo sucedido corresponde formular preguntas concretas.¿Estaban identificados los puntos críticos de la Panamericana Sur?, ¿Se conocían las quebradas susceptibles de activarse ante lluvias extraordinarias?, ¿Existían rutas alternativas previamente definidas?, ¿Había maquinaria disponible y estratégicamente ubicada para intervenir en los sectores de mayor riesgo?, ¿Estaban establecidos los mecanismos de coordinación entre Gobierno Regional, municipios, Policía, INDECI, Bomberos, establecimientos de salud y administradores de las carreteras?, ¿Existía un procedimiento para atender a pasajeros que podían quedar varados?, ¿Se había previsto qué hacer si simultáneamente quedaban afectados el transporte terrestre y el aéreo?. Y quizá la pregunta más importante: ¿Qué acciones concretas establecía el plan frente a una alerta meteorológica como la emitida antes de estas precipitaciones y cuáles de ellas fueron efectivamente ejecutadas?
Responder esas preguntas permitiría distinguir entre aquello que realmente resultó imprevisible y aquello que, aun habiendo sido previsto, no fue suficientemente atendido.
El plan de contingencia no empieza cuando ocurre el huaico. Este es uno de los errores más frecuentes en nuestra cultura de gestión pública. Se confunde contingencia con reacción. Cuando la carretera ya está cubierta por toneladas de lodo, cientos de vehículos permanecen detenidos y miles de pasajeros están varados, enviar maquinaria es indispensable. Pero eso es respuesta ante la emergencia.
La contingencia comenzó mucho antes. Comenzó cuando se identificó el peligro, cuando se elaboró el escenario de riesgo, cuando se establecieron responsabilidades, cuando se determinaron los recursos disponibles y cuando una alerta meteorológica indicó que ese escenario podía materializarse.
Por eso, un plan que recién empieza a discutirse cuando la carretera está bloqueada ya no está previniendo: está administrando las consecuencias. ¿Y si fallan simultáneamente tierra y aire?
Lo ocurrido deja además una lección especialmente seria para Arequipa. Una región puede soportar temporalmente la interrupción de uno de sus sistemas de transporte si dispone de alternativas. Si una carretera se bloquea, el transporte aéreo puede absorber parte de la necesidad de desplazamiento. Si las operaciones aéreas se restringen temporalmente, las carreteras mantienen la conectividad.
El problema aparece cuando ambas alternativas resultan afectadas simultáneamente. Eso obliga a pensar la gestión del riesgo no solamente desde una carretera, una quebrada o un aeropuerto, sino desde la continuidad de la conectividad regional.
Arequipa debería contar con escenarios específicos para una eventual interrupción simultánea de sus principales vías terrestres y del transporte aéreo. Ello supone coordinación entre los sectores Transportes, Salud, Interior, gobiernos regionales y locales, Policía, operadores privados y organismos integrantes del SINAGERD.
Durante décadas hemos normalizado un círculo peligroso: ocurre el fenómeno, aparecen los daños, declaramos la emergencia, movilizamos maquinaria, destinamos recursos extraordinarios, rehabilitamos parcialmente la infraestructura y esperamos hasta el siguiente episodio.
Prevenir exige inversiones que probablemente produzcan menos fotografías y ceremonias públicas: limpieza y encauzamiento de quebradas cuando técnicamente corresponda, drenajes adecuados, estabilización de taludes, mantenimiento vial, monitoreo hidrometeorológico, sistemas de alerta temprana, mapas actualizados de riesgo, rutas alternativas, equipos disponibles y simulaciones periódicas.
La prevención también es una responsabilidad política. Cuando una autoridad prioriza presupuesto para reducir vulnerabilidades está tomando una decisión política. Cuando posterga una obra de drenaje, también. Cuando permite ocupaciones en zonas de riesgo, cuando no mantiene infraestructura crítica o cuando conserva durante años un plan de contingencia desactualizado, está tomando decisiones cuyas consecuencias pueden aparecer precisamente durante una emergencia.
Por eso, la eficiencia de una autoridad frente a los desastres no debería evaluarse solamente por lo que hace cuando las cámaras muestran el huaico, sino por todo aquello que hizo antes, para evitar que ese huaico se convirtiera en desastre.
La naturaleza seguirá poniendo a prueba al sur del Perú. Tendremos lluvias extraordinarias, huaicos, sismos, sequías y otros fenómenos. No podemos impedirlos. Lo que sí podemos decidir es qué tan vulnerables queremos seguir siendo frente a ellos.
Lo ocurrido en Arequipa, Moquegua y Tacna debería convertirse en una oportunidad para revisar seriamente los planes de prevención y contingencia, verificar su actualización y evaluar su aplicación. No para buscar culpables apresuradamente, sino para establecer responsabilidades, corregir deficiencias y preparar escenarios reales de respuesta.
CITA
“Tener un plan no significa estar preparado. La verdadera pregunta es si ese plan fue implementado, actualizado y probado”.
DATO
La Ley N.° 29664 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para reducir riesgos y garantizar la preparación.
DATO
Los planes de contingencia deben ser formulados, aprobados, difundidos, implementados y evaluados por las entidades responsables.
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