Meditaciones Arequipeñas: Indignados

A estas alturas ya sabemos todos la clase de justicia, de policías y de procedimientos que se activan cuando un joven privilegiado atropella y mata a alguien, si y solo si el crimen se hace mediático e involucra a personajes públicos. Lo que quiero enfatizar aquí es que, a la luz de los hechos, se han sumado a la causa de la lucha contra la impunidad diversos colectivos los cuales están en todo derecho de hacerlo, sin embargo, son grupos e iniciativas que callaron en todos los idiomas durante las masacres de Dina Boluarte e incluso, algunos justificaron o simplemente miraron a otro costado cuando niños, adolescentes e inocentes eran golpeados, mutilados o asesinados.

Entonces no queda claro, ¿qué nos impulsa a reclamar, a sentirnos indignados, a expresar nuestra rabia y frustración? La extrema polarización y la estigmatización azuzadas por los medios de desinformación han llevado a tildar de “zurdo”, «caviar”, o todavía peor “terruco” a quien levanta su voz ante alguna evidente injusticia.

Y es una obviedad señalar que todos los manifestantes que se han unido por Lizeht Marzano no son ni por asomo, ninguna de los epítetos preferidos de los llamados “libertarios”. Por eso, protestar es un derecho inalienable, todos y cada cual, quien ha sufrido un abuso de cualquier tipo tiene todo el derecho de reclamar, de marchar, de manifestarse, de cuestionar e increpar a las autoridades, tienen la capacidad de cuestionar cuando una institución está siendo partícipe de un acto corrupto en detrimento de la ciudadanía.

La ola de reclamos ha generado una presión tal que las autoridades han activado o corregido el camino de la impunidad que se urdió para Adrián Villar. Una clara demostración de que la organización de la sociedad civil puede exigir justicia si esta actúa de manera unificada. El debate abierto es necesario respecto a los procedimientos de la justicia, el tratamiento diferenciado para los detenidos, la responsabilidad de los personajes públicos y la importancia de la opinión pública.

No deja de llamarme la atención cómo es que un programa de espectáculos, en este caso Magaly, tenía a disposición y en calidad de primicia los videos de las cámaras que lograron marcar la cronología de cómo sucedieron los hechos. Los tenían antes de la misma Policía. Un programa de espectáculos tenía prácticamente el caso cerrado antes que la Policía y el Ministerio Público.

Que el debate se haya abierto es saludable, pero, otra variante de las conclusiones del mismo es bastante grave. ¿Qué pasa en una sociedad donde las leyes están hechas para garantizar la impunidad de los criminales? ¿No es este acaso una justificación para el surgimiento de grupos que reclamen la insurrección de la ciudadanía? Cuando la justicia no actúa y beneficia al delincuente, cuando la Policía obstaculiza las denuncias de los agraviados, cuando un criminal con dinero tiene mil posibilidades de burlarse de la ley y de los agraviados, no genera apatía, resentimiento o frustración, las mismas que se podrían canalizar con más violencia aún.

Este chico Villar podría librar la cárcel debido a una ley pro crimen de Boluarte, ya que tiene 21 años, es su “primer” delito y la pena si es menor de cinco años (antes era cuatro), puede ser suspendida. Estos beneficios son lascivos para las víctimas y en estas elecciones son cuatro o cinco partidos – de 36 – los que están proponiendo derogarlas. Sigamos reclamando, es nuestra única herramienta de defensa.

Y si de abusos hablamos, el colegio Lord Byron esta semana fue sorprendido utilizando las rocas enormes que trajo el cauce para enrocar su muro. Y no contento con eso, acumuló decenas de toneladas de tierra a espaldas de las casas de la calle Grande poniendo en riesgo no solo a los vecinos de esa zona sino también a los de las urbanizaciones San Rafael y Santa Patricia. Si la lluvia continúa, con la tierra allí aglomerada nuevamente se inundarán las casas. ¿Alguna autoridad pondrá fin a sus reiteradas acciones en clara afectación de la ciudadanía que ya fue golpeada?