Las acciones militares y policiales se ejecutaron en ocho zonas del área protegida, permitiendo la destrucción de equipos, campamentos e insumos que son utilizados para estas actividades ilícitas. Además de una vigilancia terrestre y pluvial, se realiza monitoreo con drones.
En lo que va del 2026, se ejecutaron más de 75 operativos militares y policiales para frenar el avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento, ubicada en la región de Madre de Dios. Como resultado, se han destruido más de 16 mil galones de diésel, 370 campamentos mineros, 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 150 tracas, 71 tricargueros y 170 motocicletas.
Las fuerzas del orden también eliminaron 33 generadores eléctricos, 40 motores “peque peque”, 30 botes, 10 motores fuera de borda, 95 tolvas, 40 motosierras, más de 24 motobombas, entre otros equipos utilizados para estas actividades ilícitas. Estas intervenciones se realizaron en zonas clave como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, permitiendo acabar con equipos, campamentos e insumos ilegales.
Vigilancia constante
Según se informó, se aplicó una estrategia articulada terrestre y fluvial, logrado impactar en la capacidad operativa de los mineros ilegales.
Y es que en Tambopata se tiene cuatro puntos estratégicos de vigilancia y control: Otorongo, con 25 policías y seis guardaparques; Azul, con 15 efectivos de Dicapi y 4 guardaparques; Malinoswki y Yarinal. Además, existen más de 70 guardaparques y personal dedicado a labores de monitoreo en 10 puestos, que proporcionan información actualizada en tiempo real sobre el avance de la actividad ilícita en esta área natural protegida.
Asimismo, el Gobierno implementó un monitoreo satelital y sobrevuelos con drones para proteger los sectores más vulnerables. Todo ello, en el marco de “Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en el Perú al 2030”.
CIFRA
256 operativos contra la minería ilegal se ejecutaron entre 2024 y 2026, con la PNP, Fuerzas Armadas y Fiscalía.
