Dirigentes de la cuenca Llallimayo confirmaron el paro previsto para el 25 y 26 de mayo debido a la contaminación por metales pesados que afecta a distritos de la provincia de Melgar como Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri.
La protesta ya tiene fecha. El expresidente del Frente de Defensa de la Cuenca Llallimayo, Hernán Nina, ratificó la realización de un paro preventivo de 48 horas para los días 25 y 26 de mayo, en rechazo a la contaminación del río y la falta de respuesta del Gobierno central.
La decisión fue tomada tras una reunión con dirigentes de las localidades afectadas, quienes acordaron mantener la medida al considerar que no se han cumplido los compromisos establecidos en la Resolución Ministerial N.° 094-2022.
Nina cuestionó que las autoridades nacionales no hayan generado espacios efectivos de diálogo y que los informes emitidos no reflejen la situación real de la cuenca. Según indicó, esta situación evidencia una falta de coherencia del Estado en la aplicación de sus propias normas ambientales.
Como parte de las acciones previas, los dirigentes anunciaron una conferencia de prensa en la zona del río Llallimayo, en el distrito de Llalli, donde mostrarán el estado actual del recurso hídrico. El objetivo es evidenciar los efectos de la contaminación en la salud de la población y en actividades como la agricultura y la ganadería.
El dirigente precisó que el paro se desarrollará bajo un plan de contingencia coordinado con la Policía Nacional, la prefectura y el Ministerio Público, a fin de garantizar el orden durante los días de protesta.
Contaminación persistente
El conflicto en la cuenca del río Llallimayo es de larga data. Desde hace al menos 17 años, pobladores de distritos como Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri denuncian la presencia de metales pesados en el agua, situación que ha generado afectaciones ambientales, económicas y de salud.
Uno de los signos más visibles es la coloración anaranjada y rojiza que presenta el río en varios tramos, atribuida a sedimentos mineros y drenaje ácido. Esta alteración es relacionada con la muerte de animales (ganado vacuno y ovino), pérdida de cultivos y el deterioro de la calidad del agua utilizada por las comunidades.
La actividad minera en la cabecera de cuenca, principalmente vinculada a la unidad minera Arasi de la empresa Aruntani S.A.C., ha sido señalada como una de las principales fuentes de contaminación. Pese a sanciones y órdenes de cierre emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los pasivos ambientales continuarían generando filtraciones de aguas ácidas.
Investigación fiscal
La problemática incluso ha sido materia de investigación. En 2025, la Fiscalía Ambiental de Puno inició un proceso por el presunto delito de contaminación agravada contra la empresa Aruntani S.A.C., tras detectar vertimientos ilegales que afectan los ríos Ocuviri, Lluchusani y Huarucani, todos esto forman parte de la cuenca Llallimayo.
Durante las inspecciones, los fiscales identificaron una tubería clandestina que vertía aguas ácidas directamente al río Lluchusani sin autorización. Los análisis realizados confirmaron altos niveles de acidez y parámetros que superan los estándares legales, evidenciando un daño grave al ecosistema.
Según las investigaciones, esta contaminación impacta directamente en distritos como Ocuviri, Llalli, Umachiri y Ayaviri, donde la población depende del agua para consumo y actividades agropecuarias.
Los efectos de la contaminación no solo son ambientales. Pobladores reportaron consecuencias en la salud, con presencia de metales como arsénico, plomo y mercurio, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas.
En el ámbito económico, la ganadería y la agricultura también fueron afectadas. Comuneros denuncian mortandad de animales, disminución en la producción de leche y dificultades para el riego de cultivos debido a la mala calidad del agua.
Frente a este escenario, los dirigentes demandan medidas urgentes como la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas y la remediación efectiva de suelos y fuentes hídricas.
Dato
En la provincia de Melgar, más de 10 mil ganaderos se ven directamente perjudicados por el uso de agua contaminada en la cuenca Llallimayo.
Cifra
17 años es el tiempo que llevan los pobladores denunciando la contaminación del río Llallimayo.
