Protestas y agresiones tras la detención de dirigentes de Construcción Civil

La mañana del martes inició con la detención de los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza (Secretario General) y Juan Chicata (Jefe de Organización), por los presuntos delitos de coacción y extorsión. Tras los violentos acontecimientos protagonizados el lunes en la nueva sede del Poder Judicial ubicada en el distrito de Cerro Colorado, por miembros del gremio. No contentos con esto, los obreros acudieron a la sede de Seguridad del Estado en el Cercado para continuas con acciones de violencia y amenazas a los hombres y mujeres de prensa.

Las protestas comenzaron alrededor de las 10 de la mañana en la comisaría de Mariscal Castilla, en Pachacútec (Cerro Colorado). En el lugar los agremiados se concentraron tras conocer la intervención de sus líderes. Sin embargo, el punto de quiebre se registró en las oficinas del Departamento de Seguridad del Estado de la Región Policial. En esta sede, ubicada en la calle San Francisco, se volvió a reincidir en la agresión ya conocida del sindicato. 

Un reportero de Radio Exitosa fue objeto de una brutal embestida por parte de un sector radicalizado de los manifestantes. Mientras se encontraba transmitiendo la protesta por redes sociales, fue rodeado, insultado y amenazado. Individuos del gremio le lanzaron botellas de plástico y, en reiteradas ocasiones, lo empujaron hasta lograr expulsarlo del lugar a la fuerza. Repitiendo amenazas de atentar contra su integridad. 

Detenidos por presunta extorsión

Hacia la una de la tardes la masa de trabajadores se trasladó hasta la DIVINCRI, donde exigieron la liberación inmediata de sus representantes, argumentando que no existen pruebas en su contra y que se trata de una persecución política y laboral. Según el parte policial de la DIVINCRI, la operación no fue un hecho aislado. Lugue Ysaac Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, fueron detenidos en Cerro Colorado bajo la presunta autoría del delito de extorsión agravada en agravio de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., representada por Darío Zambrano Carlin.

A ambos implicados se les incautó celulares y, en el caso de Espinoza, su carné sindical. La denuncia formal se presentó el 6 de julio por extorsión agravada. «La presente extorsión aparentemente es el pedido de cupos o beneficios a cambio de no cometer actos de amedrentamiento o amenazas o violencia en contra de la construcción», explicó el fiscal Antonio Chacón, coordinador de las Fiscalías Penales.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Chacón fue claro al señalar que no se trata de una simple protesta. Reiteró que hay actos presuntamente de extorsión. Pues el artículo 200 del Código Penal prevé la extorsión agravada contra contratistas de obras públicas o privadas. Estableciendo como pena no menor de 15 años y mayor a 20 años. El letrado reveló que existe «temor social» y que los testigos y agraviados tienen miedo de declarar, por lo que la Fiscalía está protegiendo su integridad. La detención es por 48 horas, pero podría ampliarse hasta 10 días.

El Presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Iscarra, condenó enérgicamente los actos de violencia, revelando un dato alarmante. Pues los daños a la contratista de la obra ya superan el medio millón de soles. Dinero que, al ser una obra pública, afecta directamente a los ciudadanos. Iscarra explicó el nudo crítico del conflicto: según la empresa hay 38 trabajadores de los cuales 22 serán de Arequipa. La empresa sostiene que despidió a tres trabajadores por amenazar a sus compañeros y paralizar las obras, lo que inició el problema.

Anuncian paro macroregional

Por su parte la defensa sindical se ha plantado con fuerza. José Luis Chapa, Secretario Nacional de los Trabajadores de Construcción Civil, calificó las detenciones como un «reglaje». Además afirmó que se trataría de un atentado contra la libertad sindical, responsabilizando a la empresa por los actos cometidos.  El gremio anunció la interposición inmediata de un Habeas Corpus, argumentando vicios de nulidad en la detención. 

Ante los cuestionamientos sobre las agresiones registradas a la prensa, el dirigente sindical nacional aprovechó el momento para desligar al gremio y expresó que «se paga a medios para hacer daño al sindicato». Mientras tanto, Mariano Nina, Secretario de los Trabajadores de Arequipa, confirmó la convocatoria a un paro indefinido y anunció que ya se ha coordinado con los sindicatos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, quienes enviarán delegaciones para sumarse a la protesta, amenazando con paralizar la macroregión sur.

Los dirigentes continúan bajo investigación fiscal, mientras la Policía y el Ministerio Público recaban los elementos de convicción para definir su situación jurídica. En tanto, el gremio prepara nuevas medidas de protesta con apoyo de nuevas bases sindicales de otras regiones. Hechos que evidencian el fracaso de los mecanismos de diálogo entre las partes, cuando una intervención temprana de las autoridades podría haber evitado la violencia.

DATO 

“Me han detenido de manera abusiva y arbitraria”, indicó en breves momentos Lugue Espinoza, tras entrar en las dependencias de Medicina Legal.