La elección de autoridades provinciales con procesos judiciales pendientes genera cuestionamientos sobre la revisión de sus antecedentes por parte de los votantes.
La mitad de los alcaldes provinciales electos en la región Arequipa presentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. Lo que demuestra que, una vez más, los arequipeños no hemos sabido elegir bien a nuestras autoridades, porque básicamente no hemos leído sus hojas de vida o, simplemente, no lo hemos querido hacer.
El caso más resaltante es el del virtual alcalde provincial de Arequipa: Manuel Enrique Vera Paredes. Elegido con apenas 19.3 % del electorado, Vera Paredes afronta un proceso por presunto lavado de activos, por un desbalance patrimonial de S/ 128 mil detectado por el Ministerio Público. Pericias determinaron que los fondos no tendrían sustento legal, por lo que ya recibió sentencias. Las mismas que luego fueron, sospechosamente, anuladas para ordenar nuevos juicios.
Así ha estado Manuel Vera Paredes en la última década, entre juicio y juicio y hasta escapando de la justicia. Recordemos que entre 2023 y 2024 estuvo prófugo de la justicia gracias a una de las tantas sentencias. Pero luego volvió campante tras ser salvado por la Corte Suprema.
Lo mismo pasa con otros alcaldes provinciales. En Islay, Rochard Ale, sacándole la vuelta a la ley, se hizo reelegir. El solo hecho de no respetar la Constitución Política del Perú, que prohíbe la reelección, debería haber pesado para que la población lo rechace; pero no.
Ale además tiene cuentas pendientes con la justicia. Tiene a cuestas dos procesos: uno por omisión de funciones y otro por abuso de autoridad a una extrabajadora de la comuna provincial de Islay.
Y ni qué decir del virtual alcalde de Condesuyos. Marcos Medina Tejada es investigado por presunto Nepotismo. La empresa de su primo hermano facturó más de S/ 254 mil con el municipio distrital de Río Grande, donde Medina Tejada es todavía alcalde. Es claro que el alcalde debería haber sido vacado y procesado por este delito, pero como siempre la justicia va lento y peor cuando hay este tipo de casos en provincias.
Finalmente, la virtual alcaldesa de Camaná, Luz María Carazas, es investigada por presunto abuso de autoridad. Esto por rechazar fuera de plazo la inscripción de una asociación para que acceda al programa del Vaso de Leche.
Si ya tienen estos antecedentes, no queremos imaginar qué es lo que podrían llegar a cometer cuando ejerzan funciones y obtengan formalmente el poder.
CITA
«La mitad de los alcaldes provinciales electos en la región Arequipa presentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción».
CIFRA
S/ 254 mil habría facturado la empresa de un primo de Marcos Medina Tejada con el municipio distrital de Río Grande, según la columna.
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