La confianza de los electores debe construirse con propuestas concretas, capacidad de gestión y resultados verificables.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
Antes de reprochar al ciudadano que todavía no decide su voto, habría que preguntar qué están haciendo los candidatos para merecerlo. Exigir confianza sin demostrar capacidad de gobierno es una pretensión demasiado cómoda. En las elecciones regionales y municipales de Arequipa, la discusión debería comenzar por algo elemental: quién puede resolver problemas, con qué equipo, con qué recursos y en cuánto tiempo.
Existe un antecedente revelador. En septiembre de 2018, una encuesta de Datum Internacional, encargada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, encontró que el 61,5 % consideraba que no había buenas alternativas entre los candidatos. Las respuestas “no sabe/no opina” alcanzaban el 18,2 % para el Gobierno Regional y el 17,9 % para la municipalidad provincial. Son datos históricos, no una medición de 2026; tampoco corresponde confundir esas respuestas con el voto blanco o viciado. Pero permiten plantear una pregunta vigente: ¿cuánto se esfuerzan las organizaciones políticas por ofrecer alternativas que inspiren confianza? (Fuente: Encuentro, 14 de septiembre de 2018).
La indecisión puede tener distintas causas: falta de información, desinterés, evaluación pendiente o desconfianza. Una encuesta, por sí sola, no autoriza a escoger la explicación más conveniente. Mi posición es que resulta injusto concentrar toda la crítica en el elector y conceder tan poca atención a la calidad de la oferta política. Quien solicita administrar recursos públicos debe soportar un examen más exigente que quien todavía no encuentra razones para apoyarlo.
Ese examen comienza por conocer el cargo. El Gobierno Regional tiene responsabilidades en planificación del desarrollo, salud, educación, agricultura e infraestructura de alcance regional, dentro de competencias exclusivas y compartidas. Debe atender al conjunto del departamento y coordinar con el Gobierno nacional, como lo señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.Un candidato que reduce Arequipa a su capital revela una comprensión insuficiente del territorio que pretende gobernar.
La Municipalidad Provincial, por su parte, tiene funciones centrales en planificación urbana, transporte, tránsito y organización de servicios locales, con responsabilidades distribuidas y coordinadas con los municipios distritales(Ley Orgánica de Municipalidades). En seguridad ciudadana debe articular prevención y servicios municipales dentro de sus atribuciones; no reemplaza a la Policía ni al Ministerio Público. Prometer soluciones desconociendo estos límites constituye una señal de improvisación. Los regidores, además, tienen una función fiscalizadora: su trabajo no puede reducirse a acompañar al alcalde en ceremonias.
Las obras pendientes ofrecen una prueba concreta para evaluar discursos. En marzo de 2026, el Gobierno Regional anunció la incorporación del Hospital Goyeneche, Majes Siguas II y el proyecto portuario de Corío al Plan Nacional de Infraestructura 2026 – 2031. Es un avance de planificación, pero figurar en un plan no equivale a prestar un servicio. La ciudadanía merece conocer qué falta, quién debe resolverlo y cuáles son los plazos verificables. Un anuncio carece de valor suficiente si no permite exigir responsabilidades después.
En Majes Siguas II, además, intervienen entidades nacionales: ProInversión y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego suscribieron en 2025 un convenio para evaluar alternativas que permitan continuar el proyecto. Por eso, un candidato regional serio debe explicar su capacidad de coordinación y sus compromisos concretos. Atribuirse el control absoluto de una solución compartida es engañoso; utilizar esa complejidad como excusa para la pasividad también resulta inaceptable.
El transporte urbano merece una fiscalización igualmente severa. En junio de 2023 se anunció un convenio entre el MTC y la municipalidad para mejorar el transporte y apoyar el Sistema Integrado de Transporte. En agosto de 2026 se comunicaron nuevos acuerdos de cooperación. La reiteración de convenios obliga a preguntar qué resultados produjo cada uno. ¿Qué cambió efectivamente para el pasajero? ¿Qué metas se cumplieron y cuáles siguen pendientes? Las fotografías de las firmas no pueden sustituir esa rendición de cuentas.
La campaña debería exigir a cada postulante cinco respuestas: qué problema resolverá, cuál es su competencia, cuánto costará, cómo lo financiará y cuándo entregará resultados. A quienes ya ejercieron cargos corresponde añadirles una sexta: ¿qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad? También los medios deben elevar la exigencia. Una entrevista electoral pierde utilidad pública cuando permite reemplazar respuestas con eslóganes.
El ciudadano tiene la responsabilidad de informarse y comparar. Pero los candidatos tienen la obligación de ofrecer razones comprobables para confiar. Arequipa necesita autoridades capaces de convertir presupuesto y atribuciones en servicios que funcionen. La duda del elector merece respeto; la improvisación de quien pretende gobernar merece escrutinio.
CITA
“La duda del elector merece respeto; la improvisación de quien pretende gobernar merece escrutinio”.
DATO
En 2018, el 61,5 % consideraba que no había buenas alternativas entre los candidatos en Arequipa.
DATO
El Gobierno Regional tiene competencias en planificación, salud, educación, agricultura e infraestructura de alcance regional.
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