Las consecuencias del operativo contra la minería ilegal en Choccoyo ya llegaron a los tribunales. Cuatro investigados permanecerán nueve meses en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre su presunta participación en actividades de extracción ilegal de oro en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, Cusco.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a cargo del juez José Luis Cáceres Pizarro, dictó la medida contra Gabriel Solano Palomino Fernández, Alex Jonathan Quispe Asencio, Óscar Donato Cconislla Ollachica y Ángel Fortunato Soncco Llaique.
Los cuatro son investigados por la presunta comisión del delito de minería ilegal agravada, en agravio del Estado.
Según la resolución judicial, el juez tomó en cuenta la gravedad de los hechos investigados, el daño ambiental que se habría producido en la zona y el riesgo de que los imputados puedan escapar o interferir en el desarrollo de la investigación.
Una operación a orillas del riachuelo Chocollo
El caso se originó en el operativo denominado “Los Depredadores de la Zona”, realizado el 8 de septiembre con participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Fiscalía de Extinción de Dominio y unidades especializadas de la Policía.
Las autoridades ingresaron a tres campamentos ubicados en el sector Choccoyo, en la comunidad de Huayllani-Choccollo, distrito de Colquemarca.
De acuerdo con la investigación, las actividades se desarrollaban en el sector denominado “S1”, a orillas del riachuelo Chocollo. Allí se habría utilizado maquinaria pesada, entre excavadoras y cargadores frontales, para extraer oro sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Los trabajos habrían provocado la alteración y desvío del cauce natural del agua, además del vertimiento de residuos que, según las autoridades, terminaron afectando al río Cascamayo.
De 19 intervenidos, siete quedaron detenidos
El operativo alcanzó a 19 personas, pero no todas quedaron sometidas a la misma situación legal.
Después de la intervención, algunas recuperaron su libertad tras identificarse como trabajadores y brindar información sobre las personas que presuntamente estarían vinculadas con la administración o dirección de las operaciones.
Siete permanecieron detenidas y fueron puestas a disposición del Poder Judicial para definir las medidas que enfrentarían durante la investigación.
Finalmente, cuatro recibieron prisión preventiva por nueve meses.
En el mismo proceso, el juzgado dictó comparecencia con restricciones para Juan Carlos Cruz Huaycani e Irene Cruz Soto, quienes deberán cumplir reglas de conducta.
Otra persona afrontará el proceso con comparecencia simple, es decir, permanecerá en libertad sin las restricciones impuestas a los otros investigados.
Maquinaria y campamentos quedaron fuera de operación
Durante la intervención, las autoridades encontraron maquinaria y equipos que habrían sido utilizados para las actividades mineras.
Cuatro cargadores frontales Volvo y una motocicleta fueron incautados y quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. Otras máquinas pesadas, motobombas, motocicletas, estructuras para el lavado de mineral y campamentos fueron destruidos o inutilizados debido a las dificultades para trasladarlos desde la zona.
La intervención también permitió identificar trabajos realizados cerca de cuerpos de agua y zonas donde se habría removido material para extraer minerales.
Dato
La prisión preventiva estará vigente hasta el 7 de junio de 2027.
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