Realizaron celebración sin que les importe el horario laboral.
El pasado martes 20 de octubre, entre las 2:00 p. m. y las 4:15 p. m., trabajadores y funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) participaron en una celebración de cumpleaños en las instalaciones de la institución y en pleno horario laboral. Las imágenes que evidencian el festejo fueron difundidas por la propia cumpleañera a través de sus estados de WhatsApp. Además, existe un video publicado en su cuenta de Facebook en el que se adjuntaron fotografías de la reunión.
La homenajeada fue Teddy Amny Castro Quispe, quien trabaja como técnica biométrica de reglas en la Subgerencia de Licencias de Conducir. Según la información consignada en el portal de Transparencia, percibe una remuneración de S/ 2 mil 812, entre sueldo e incentivos. Es decir, forma parte del personal encargado de un área vinculada directamente con el proceso de evaluación que deben cumplir los ciudadanos para acceder a una licencia de conducir.
Entre los asistentes que identificó Evidencia.pe figura Luz Marina Huaracha Escalante, administradora de la GRTC; Jacqueline Martha Cecenardo Guardia, jefa de Planeamiento y Presupuesto; y Alexandra Revilla Torres, encargada de la Unidad de Recursos Humanos, además de otros servidores públicos. El festín incluyó bocaditos, bebidas y baile.
Ahora bien, Teddy Amny Castro Quispe, además de ser trabajadora de la GRTC, postuló a la Municipalidad Distrital de Yura por el Partido del Buen Gobierno en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Aunque no le fue bien, dado que quedó en el séptimo lugar, con 895 votos, equivalentes al 4.491 % de la votación, según el cómputo electoral al 100 % de actas contabilizadas.
Uso indebido
Es preciso mencionar que, la Ley N.° 27815, Código de Ética de la Función Pública, establece que los servidores deben utilizar los bienes del Estado de manera racional y exclusivamente para los fines a los que fueron destinados, evitando que sean empleados para propósitos particulares.
Por su parte, la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, contempla distintas faltas disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión o destitución, previo procedimiento administrativo. Entre ellas figuran la negligencia en el desempeño de las funciones, impedir el funcionamiento del servicio público y utilizar o disponer de bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros.
Al respecto, el abogado especialista Jorge Sumari sostuvo que las fiestas y celebraciones particulares no deben realizarse dentro de las instituciones públicas durante el horario de trabajo. Explicó que el uso de instalaciones estatales para fines ajenos a la función pública y el abandono de las actividades laborales pueden generar responsabilidades administrativas. Para el especialista, el Órgano de Control Institucional (OCI) debe intervenir y revisar las circunstancias en las que se desarrolló la celebración.
El letrado remarcó que no se trata únicamente de una reunión social dentro de una oficina, sino de una situación que debe analizarse desde el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos. Si se comprueba que los trabajadores dejaron sus funciones para participar en el festejo o que se utilizaron recursos y ambientes estatales para una actividad particular, corresponderá evaluar las responsabilidades que contempla la normativa.
Guardan silencio
Este medio solicitó una versión al gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Suplicio Choque Cuno, así como a los funcionarios y trabajadores que participaron en el onomástico. La consulta se realizó mediante el área de Imagen Institucional de la entidad. Sin embargo, la respuesta fue que, por el momento, no brindarían declaraciones sobre lo sucedido.
«Por el momento, no brindaremos declaraciones sobre los hechos mencionados. Una vez publicada la información periodística, se tomará conocimiento de su contenido y evaluará las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias institucionales», respondieron a este medio.
Por su parte, el consejero Fernando Cornejo Pacheco anunció que solicitará información a la GRTC para conocer las circunstancias de la celebración y determinar si existió alguna autorización. El legislador consideró que las reuniones dentro de las entidades públicas deben tener una justificación y responder a objetivos laborales.
Dato
Ley N.° 27815, Código de Ética de la Función Pública, establece que los servidores deben utilizar los bienes del Estado exclusivamente para los fines a los que fueron destinados.
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