El Congreso evalúa el pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días sobre 66 materias.
Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo
El Congreso tiene el derecho y la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. Una democracia sin contrapesos es peligrosa. Pero existe una diferencia sustancial entre ejercer control político y convertir ese control en una estrategia de bloqueo. Cuando una decisión parlamentaria deja de preguntarse si una medida es técnicamente conveniente para empezar a preguntarse quién obtendrá el rédito político de aprobarla, el problema ya no es del Gobierno de turno: el costo termina trasladándose al ciudadano.
Ese es el riesgo que hoy aparece en el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. El Gobierno ha pedido autorización para legislar durante 120 días calendario sobre 66 solicitudes, distribuidas en materias que incluyen seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, MYPE, empleo, simplificación administrativa, transformación digital, minería, energía, ambiente, tributación, comercio exterior, modernización del Estado, vivienda y saneamiento. No estamos, por tanto, frente a una autorización para gobernar sin Congreso. La delegación de facultades está contemplada por el artículo 104 de la Constitución y debe circunscribirse a materias determinadas y por un plazo establecido.
Hasta aquí, la discusión es perfectamente democrática. El problema comienza cuando el criterio técnico corre el riesgo de ser sustituido por el alineamiento político.
Al 15 de septiembre, siete comisiones de la Cámara de Diputados habían emitido opiniones contrarias en distintos ámbitos del pedido gubernamental. Días antes ya se había observado un patrón interesante: Energía y Minas, Producción, Ciencia e Infraestructura habían rechazado aspectos de la solicitud, mientras Ambiente y Defensa habían emitido posiciones favorables.
Los números revelan además que no estamos ante consensos técnicos incontestables. En Producción, por ejemplo, el informe favorable a las facultades obtuvo 8 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Lo discutido comprendía MYPE, desarrollo productivo, pesca, acuicultura, turismo, infraestructura industrial, tributación, aduanas y facilitación del comercio.
Más llamativo todavía resulta lo ocurrido en Defensa del Consumidor. La votación terminó 9 a 9 y fue necesario el voto dirimente del presidente de la comisión, Luis Masco Cáceres, para aprobar el informe que recomendaba no otorgar las facultades. Un empate de nueve contra nueve difícilmente puede presentarse como evidencia de una conclusión técnica indiscutible. Revela, por el contrario, una profunda división política y jurídica sobre cómo debe procesarse el pedido.
Y aquí surge una pregunta necesaria: ¿por qué rechazar bloques enteros en lugar de separar aquello que carece de sustento de aquello que sí puede beneficiar inmediatamente a la población? Esa debería ser la discusión.
Fiscalizar no significa obstruir. Sería injusto afirmar que toda oposición parlamentaria carece de fundamento. Hay cuestionamientos atendibles.
Integrantes de la propia Comisión de Constitución han pedido que el Ejecutivo precise mejor algunas de las 66 materias solicitadas. Parlamentarios de diferentes bancadas han advertido que ciertos puntos relacionados con tributación, empleo y otras reformas necesitan mayor delimitación. Incluso legisladores dispuestos a conceder determinadas facultades han señalado que la autorización no puede convertirse en un “cheque en blanco”. Ese control es legítimo.
Si una materia está mal sustentada, que se retire. Si es demasiado amplia, que se delimite. Si 120 días parecen excesivos para determinada reforma, que el Congreso reduzca el plazo. Si una modificación necesita discusión pública, que siga el procedimiento legislativo ordinario.
Pero una cosa es corregir una propuesta y otra muy distinta enterrarla por pertenecer al Gobierno contrario. El propio debate parlamentario demuestra que existe una tercera vía. El diputado Jaime Abensur sostuvo en la Comisión de Economía que las materias deberían analizarse individualmente y recordó algo elemental: el Congreso puede decidir cuáles autoriza, cuáles rechaza e incluso modificar el plazo solicitado. Ese enfoque parece mucho más razonable que la lógica binaria del “todo o nada”.
Hay además un elemento que debería ordenar todo este debate: el país que existe fuera del Palacio Legislativo.
El Ejecutivo sostiene que necesita acelerar decisiones especialmente frente a la inseguridad ciudadana y al fenómeno El Niño. Incluso dentro de la Comisión de Constitución, parlamentarios críticos del pedido han reconocido la necesidad de evaluar favorablemente herramientas relacionadas con esas emergencias, aunque exigiendo mayor precisión en otras materias.
Entonces resulta contradictorio reconocer la urgencia de determinados problemas y, simultáneamente, permitir que las disputas políticas retrasen las herramientas destinadas a enfrentarlos.
Un ciudadano que teme ser asaltado cuando regresa a casa no pregunta qué bancada ganó una votación. Una pequeña empresaria que espera meses para superar una barrera burocrática tampoco. Una familia amenazada por inundaciones no tiene interés en conocer quién consiguió una victoria política dentro de una comisión. Quiere que el Estado funcione.
Y allí está el punto central: Gobierno y Congreso no compiten para determinar quién gobierna mejor su parcela de poder; ambos administran temporalmente instituciones que existen para servir a la población.
Tampoco debe entregarse un cheque en blanco. Defender una evaluación técnica de las facultades tampoco significa aceptar automáticamente las 66 solicitudes.
El Congreso estaría incumpliendo su función si aprobara materias ambiguas simplemente porque el Ejecutivo afirma necesitarlas. El artículo 104 existe precisamente para impedir delegaciones ilimitadas, y las observaciones sobre falta de precisión merecen ser corregidas. El propio debate en Constitución muestra coincidencias entre legisladores de distintas posiciones respecto de la necesidad de delimitar algunos puntos.
Existe una peligrosa costumbre en nuestra política: pensar que dificultar la gestión del adversario equivale automáticamente a fortalecer la propia posición. Es una lógica profundamente cortoplacista.
Hoy una bancada puede considerar conveniente debilitar al Gobierno. Mañana esa misma agrupación puede llegar al Ejecutivo y encontrarse con un Congreso que utilice exactamente la misma estrategia en su contra. El resultado es un círculo perverso: Ejecutivos débiles, congresos confrontacionales, reformas paralizadas y ciudadanos cada vez más desconfiados del Estado.
El constitucionalista Víctor García Toma planteó este 15 de septiembre una idea pertinente: el Parlamento debería buscar un pronunciamiento orgánico y distinguir la disputa por el éxito de un gobierno de la necesidad de afrontar problemas nacionales como la inseguridad y El Niño. También señaló que la oposición a las facultades no es uniforme y que existen diputados opositores dispuestos a colaborar en determinadas materias.
Que expliquen cada “no”, así tal vez, cambiaría el estándar del debate. Si una comisión considera que una determinada facultad perjudicará al ciudadano, debería explicar qué disposición, por qué razón, con qué evidencia y qué alternativa propone. “No estamos de acuerdo” no basta.
La misma exigencia debe aplicarse al Ejecutivo: no basta invocar inseguridad, El Niño o reactivación económica para obtener 120 días de facultades. Cada autorización solicitada debe contener objetivo, alcance, justificación, límites y resultados esperados. Ese sería un debate técnico.
El Congreso no debe gobernar pensando en la próxima elección, sus integrantes representan a la ciudadanía, no únicamente a las organizaciones políticas que llevaron a sus integrantes hasta una curul. Por eso, cuando los intereses partidarios comienzan a determinar decisiones que afectan políticas públicas, el Congreso corre el riesgo de olvidar a quién representa.
La función de la oposición no consiste en impedir que el Gobierno gobierne. Consiste en fiscalizarlo, corregirlo, denunciar sus excesos y ofrecer alternativas mejores. Y la responsabilidad del oficialismo tampoco consiste en aprobar automáticamente todo aquello que llegue desde Palacio.
En una democracia madura, una buena propuesta debería poder recibir votos de la oposición y una mala propuesta debería poder recibir votos en contra del propio oficialismo. Ese es precisamente el estándar que hoy necesitamos.
Porque cuando una política pública se evalúa según quién la propone y no según a quién beneficia, la política deja de ser un instrumento para resolver problemas y se convierte en parte del problema. Y mientras Gobierno y Congreso calculan quién gana la pulseada, quien no debería volver a perder es el ciudadano.
CITA
“La delegación de facultades está contemplada por el artículo 104 de la Constitución y debe circunscribirse a materias determinadas”.
DATO
El Ejecutivo solicitó autorización para legislar durante 120 días calendario sobre 66 materias distribuidas en diferentes sectores.
DATO
La Comisión de Defensa del Consumidor terminó su votación con un empate de 9 a 9 y requirió el voto dirimente de su presidente.
Sobre el autor
