Las pericias contables fueron utilizadas por la Fiscalía para analizar el patrimonio, depósitos y operaciones económicas del sentenciado.
Durante una década pasó por distintas oficinas de la administración pública en Cusco y Apurímac. Fue gerente municipal y jefe de contabilidad en gobiernos locales de Maranura, Ollantaytambo, Machupicchu y Abancay entre 2008 y 2018. Ahora, ese recorrido laboral forma parte del sustento de una condena por lavado de activos.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó por unanimidad la sentencia contra Sergio Calla, a quien el Ministerio Público acusó de realizar actos de conversión y transferencia de dinero de origen ilícito.
La pena es de seis años de prisión efectiva, pero su cómputo comenzará cuando el sentenciado sea detenido. La Sala también confirmó 120 días multa, equivalentes a S/6 mil, y una reparación civil de S/185 850 a favor del Estado.
El caso comenzó a tomar forma a partir de una pregunta aparentemente contable: ¿de dónde provenía el dinero que permitió al entonces funcionario realizar determinadas operaciones y adquisiciones?
Un patrimonio que no cuadraba
La Fiscalía Transitoria de Lavado de Activos de Cusco sostuvo que las pericias contables oficiales detectaron un incremento patrimonial que no podía ser justificado con los ingresos formalmente acreditados.
Entre los elementos analizados estuvieron depósitos bancarios, compras y movimientos vinculados a un negocio ferretero. Según la acusación fiscal validada por el tribunal, las operaciones presentaban un comportamiento que no encontraba correspondencia suficiente con la capacidad económica declarada.
La investigación también tomó en cuenta que el sentenciado había ocupado cargos vinculados directamente con la administración financiera municipal.
Según el Ministerio Público, Calla fue gerente municipal y jefe de contabilidad en las municipalidades de Maranura, Ollantaytambo, Machupicchu y Abancay durante el periodo comprendido entre 2008 y 2018. La Fiscalía vinculó el desbalance patrimonial con investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública ocurridos durante el ejercicio de esas funciones.
El punto central de la acusación no fue simplemente que el exfuncionario tuviera un patrimonio mayor al esperado. La tesis fiscal fue que determinados recursos habrían tenido un origen ilícito y que posteriormente fueron incorporados al circuito económico mediante operaciones que buscaban convertir o transferir esos fondos.
La contabilidad como prueba
En este tipo de procesos, el desbalance patrimonial por sí solo no equivale automáticamente a lavado de activos. Lo determinante es demostrar, además, el origen ilícito de los recursos y las operaciones realizadas para introducirlos o movilizarlos.
En este caso, la Fiscalía sostuvo que las pericias contables permitieron reconstruir la diferencia entre los ingresos que podían ser sustentados y los movimientos patrimoniales detectados.
La fiscal adjunta provincial Mariela Pérez Andía, bajo la conducción de la fiscal provincial Gloria Diana Escalante Aedo, defendió esa tesis durante el proceso. La Sala de Apelaciones finalmente rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la condena.
Escalante Aedo aparece además vinculada a otros procesos recientes de lavado de activos contra exautoridades municipales de Cusco. En julio de 2026, su despacho obtuvo una condena de 10 años contra el exalcalde de Vilcabamba Juan Eudes Olivera Ricalde y otros implicados, en un proceso en el que también se utilizó una pericia contable para acreditar un desbalance patrimonial.
documentalmente.
Dato
La Fiscalía Transitoria de Lavado de Activos de Cusco ya consiguió en julio de 2026 otra sentencia de alto impacto contra exfuncionarios municipales: el exalcalde de Vilcabamba Juan Eudes Olivera Ricalde y su exjefe de Personal Arturo Martín Silva Vera recibieron 10 años de prisión por lavado de activos.
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