Cuatro sujetos fueron sentenciados, pero falta el gatillador, criminal que se encuentra no habido.
Seis años después del asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva, la justicia dictó cadena perpetua contra cuatro personas vinculadas al crimen ocurrido en Madre de Dios. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tambopata emitió una sentencia condenatoria en primera instancia contra Hilario Mamani Churata, Leonidas Crisólogo Mujica Mayorga, Marwin Brandon Pinche Bautista y Rolando Becerra Rayme.
La sentencia fue emitida por unanimidad y atribuye a los cuatro condenados responsabilidad como coautores del delito de sicariato agravado. La Fiscalía sostuvo que el asesinato estuvo relacionado con el conflicto por la concesión forestal que la familia de Pacheco protegía en la comunidad de San Juan.
Sin embargo, la condena todavía no es firme. El tribunal suspendió la ejecución de la pena mientras se resuelvan las impugnaciones, por lo que los cuatro condenados continuan en libertad con restricciones.
Roberto Pacheco tenía 34 años y trabajaba junto a su padre, Demetrio Pacheco, en la protección de una concesión forestal de unas 842 hectáreas ubicada en Madre de Dios. La familia había denunciado durante años el ingreso de personas a la concesión y la extracción ilegal de madera. De acuerdo con antecedentes recogidos durante la investigación, las denuncias por invasiones y deforestación se remontaban al menos a 2012.
Demetrio Pacheco declaró en 2020 que había presentado hasta ocho denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por las invasiones que, afectaban el territorio de la familia. También señaló que tanto él como su hijo habían recibido amenazas.
Los antecedentes recogidos después del crimen también registraron amenazas directas contra Roberto. La Defensoría del Pueblo informó en 2020 que el joven había recibido una amenaza de muerte en abril de ese año, luego de confrontar a personas que habían ingresado a la concesión y talado árboles.
El caso se produjo en medio de una creciente violencia contra defensores ambientales en Madre de Dios. Sólo durante el 2020 fueron asesinados cinco en todo el país, según reportes de la Defensoría.
El asesinato ocurrió el 10 de septiembre de 2020. Roberto salió a recorrer la zona que la familia protegía y fue atacado con un arma de fuego. Su padre encontró el cuerpo al día siguiente en una trocha que conducía hacia un terreno agrícola, en las inmediaciones de la comunidad de San Juan. La víctima presentaba dos heridas de bala: una en la cabeza y otra en la cadera.
El crimen generó una investigación policial y fiscal que inicialmente permitió identificar a varios sospechosos relacionados con el conflicto por la concesión. No obstante, en octubre de 2020 fueron detenidos Leonidas Mujica, Rolando Becerra e Hilario Mamani, este último señalado por las autoridades como presunto autor intelectual. Los tres tenían vínculos con la Asociación de Agricultores Ecológicos Los Hijos de Madre de Dios, organización que había sido mencionada en las denuncias de la familia Pacheco por invasiones y deforestación.
La investigación policial también identificó a Marwin Brandon Pinche Bautista y a un ciudadano venezolano identificado como Junior Rafael Ortega Rodríguez.
Una de las claves del caso fueron las comunicaciones interceptadas durante la investigación. Los investigadores encontraron conversaciones en las que se coordinaba la ejecución de un asesinato y se hablaba de un pago de S/5 mil. En uno de los diálogos, los implicados hablaban de conseguir a una persona para realizar el ataque. Todo estaba vinculado con el asesinato de Pacheco.
Según los antecedentes difundidos sobre el caso, la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) obtuvo comunicaciones telefónicas interceptadas que registraban coordinaciones previas al crimen. Las conversaciones incluían referencias al pago, a la obtención de municiones y al desplazamiento hacia la zona donde se encontraba la concesión.
Una investigación publicada por Epicentro señaló que fueron identificadas decenas de comunicaciones y que los investigadores establecieron una relación entre los participantes y el asesinato.
La información más reciente sobre la sentencia precisa que el tribunal consideró 24 comunicaciones telefónicas interceptadas, registradas entre el 17 de agosto y el 15 de septiembre de 2020. En ellas se hicieron referencias al encargo y al pago de S/5 mil, además de coordinaciones relacionadas con el desplazamiento hacia la concesión.
El colegiado también tomó en cuenta que los cuatro condenados se desplazaron juntos en un mismo vehículo y que, horas después del asesinato, fue encontrado dentro de este un celular que había sido robado a un trabajador de la concesión. El tribunal consideró estos y otros elementos como parte de una cadena de indicios que, según la sentencia, permitió establecer la participación de los acusados.
La sentencia establece diferentes funciones dentro de la planificación del crimen. Hilario Mamani fue identificado como la persona que habría encargado el asesinato. Los antecedentes del caso señalan que tenía un conflicto previo con la familia Pacheco por la concesión.
Leónidas Mujica habría cumplido funciones de coordinación logística y conducción del vehículo utilizado para desplazarse hacia la zona. Marwin Pinche habría actuado como intermediario para concretar el encargo y Rolando Becerra habría servido como enlace con quien debía ejecutar el asesinato y participado en el traslado previo del arma.
Hay un quinto nombre clave en la investigación: Junior Rafael Ortega Rodríguez. La Fiscalía lo señala como la persona que habría ejecutado materialmente el asesinato. Sin embargo, Ortega Rodríguez no fue juzgado junto con los otros cuatro acusados porque permanece como no habido y fue declarado reo contumaz.
El asesinato de Roberto Pacheco trascendió el ámbito familiar y se convirtió en uno de los casos emblemáticos de violencia contra defensores ambientales en la Amazonía peruana.
En octubre de 2020, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios reconoció públicamente el caso de Pacheco como parte de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensoras de derechos humanos en la región.
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