Los familiares de las víctimas reclaman la derogación de normas que consideran obstáculos para la justicia.
Los familiares de las 18 personas fallecidas durante la represión de las protestas del 9 de enero de 2023 en Juliaca, región Puno, están dispuestos a dialogar con el Gobierno, pero exigen compromisos concretos de justicia y reparación. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, respondió así al ofrecimiento del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, quien el 24 de octubre manifestó su intención de reunirse con los deudos durante el centenario de San Román.
Según declaraciones Samillán sostuvo que el encuentro debe servir para atender las demandas pendientes y no limitarse a un acto protocolar.
Uno de los principales pedidos es que Arnillas se disculpe por declaraciones realizadas en marzo, cuando afirmó que entre los participantes de las protestas de 2023 había personas procedentes de Bolivia, Venezuela y otros lugares. Los familiares cuestionaron esas afirmaciones y exigieron que presente pruebas.
Samillán también solicitó un compromiso político para derogar las denominadas «leyes procrimen», término utilizado por los colectivos que cuestionan determinadas reformas legales.
En particular, mencionó la Ley 32735, relacionada con el fuero policial-militar, pues teme que las investigaciones por las muertes sean trasladadas fuera de la justicia ordinaria. El dirigente pidió que los congresistas oficialistas respalden las modificaciones legales necesarias.
Además, Samillán cuestionó que, después de tres años y nueve meses, las investigaciones sobre las muertes de Juliaca todavía no hayan llegado a juicio.
También expresó preocupación por los cambios de fiscales, las limitaciones presupuestales del Ministerio Público y la desactivación del equipo especial que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas nacionales. Los familiares reclaman, además, atención médica, acceso a educación, vivienda y oportunidades laborales para los sobrevivientes que quedaron con secuelas físicas y dificultades económicas.
El dirigente sostuvo que algunas familias habrían tenido que vender bienes para afrontar sus necesidades y pidió un plan integral de reparaciones.
Samillán planteó realizar un encuentro público en Puno, aunque también evalúan coordinar una reunión en Lima con representantes de víctimas de otras regiones.
El 9 de enero de 2023 murieron 18 civiles durante las protestas en Juliaca.
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