Millones de peruanos carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y redes de alcantarillado.
Lic. Jonathan A. Barcena Carpio. Periodista
¿Cuándo dejará el Perú de vivir en emergencia?
En mi anterior columna, “Emergencia: un Estado que siempre llega tarde”, cuestioné la costumbre del Estado peruano de reaccionar frente a las tragedias en lugar de prevenirlas. Hoy, una nueva declaratoria confirma que el problema no es únicamente la tardanza estatal, sino también la incapacidad de convertir las medidas extraordinarias en soluciones permanentes.
Según informó RPP este 25 de octubre, el Ministerio de Vivienda declaró en emergencia su sector ante la vulnerabilidad del país frente al Fenómeno del Niño. El ministro Mauricio Arnillas reconoció una realidad alarmante: 15 millones de peruanos carecen de desagüe y otros 9 millones no cuentan con agua potable. La medida busca reorganizar el ministerio y promover cambios normativos para enfrentar estas brechas. Las cifras son estremecedoras, pero la pregunta resulta inevitable: ¿Declarar en emergencia un ministerio cambiará la realidad de 24 millones de peruanos?
El agua potable y el saneamiento no son demandas coyunturales provocadas por un fenómeno climático. Son necesidades básicas y derechos cuya atención constituye una responsabilidad permanente del Estado. El Niño puede agravar la vulnerabilidad de millones de ciudadanos, pero no explica décadas de brechas, proyectos inconclusos, deficiencias de gestión y desigualdad en el acceso a los servicios esenciales.
Por eso, la declaratoria merece algo más que aplausos o cuestionamientos políticos: exige resultados verificables. ¿Cuántas obras se ejecutarán? ¿Qué presupuesto se destinará? ¿Cuáles serán los plazos y los mecanismos de fiscalización? ¿Quién responderá si, concluida la emergencia, millones de peruanos continúan sin servicios básicos?
Una reorganización ministerial o nuevas normas pueden ser necesarias, pero no equivalen, por sí mismas, a llevar agua a una vivienda ni a instalar una red de alcantarillado. La urgencia administrativa solo adquiere sentido cuando se traduce en infraestructura, continuidad del servicio y mejoras concretas en la calidad de vida.
El Perú parece atrapado en una paradoja: declara emergencias para atender problemas que nunca debieron convertirse en emergencias. Y mientras las autoridades anuncian medidas extraordinarias, miles de familias siguen resolviendo cotidianamente aquello que el Estado no fue capaz de garantizarles.
No se trata de negar la utilidad de una declaratoria, sino de exigir que tenga objetivos, plazos, presupuesto y rendición de cuentas. De lo contrario, la emergencia corre el riesgo de convertirse en una fórmula política para administrar la indignación sin transformar la realidad.
¿Cuánto tiempo más debe pasar para resolver un problema de toda la vida? ¿Es posible cerrar esta brecha o estamos condenados a perseguir una utopía mientras se suceden los gobiernos y se acumulan los decretos?
Un país no demuestra su capacidad de gobernar por la cantidad de emergencias que declara, sino por los problemas que consigue dejar atrás.
CITA
«Son necesidades básicas y derechos cuya atención constituye una responsabilidad permanente del Estado».
DATO
El ministro Mauricio Arnillas reveló que 15 millones de peruanos carecen totalmente del servicio de desagüe.
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