Obras públicas de Yarabamba enfrentan observaciones por sobrecostos, deficiencias técnicas y trabajos sin autorización.
Las obras que debían traducirse en mejores servicios para el distrito de Yarabamba, bajo la gestión del alcalde José Luna Zapana, están llenas de cuestionamientos. Y es que la Contraloría General de la República advirtió excesos presupuestales, deficiencias constructivas y problemas de supervisión en Quichinihuaya, San Antonio y la carretera hacia Qahuin. Mientras tanto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) abrió un procedimiento sancionador por intervenciones no autorizadas en la represa Las Zorras.
Obra sobrevalorada
Detrás de los montos millonarios hay expedientes con observaciones que atraviesan distintas etapas de ejecución. Los cuestionamientos alcanzan presupuestos aprobados, diseños incompletos, controles ausentes y trabajos que no se ajustaron a las condiciones técnicas previstas. El denominador común es la necesidad de aclarar qué medidas adoptó la municipalidad para corregir las deficiencias y garantizar que las inversiones cumplan su propósito.
En Quichinihuaya, hay cuestionamientos al presupuesto. La municipalidad aprobó S/ 37.6 millones para ejecutar el saldo de obra, una cifra que excedía en S/ 11 millones el límite calculado por la Contraloría. Finalmente, el costo de la obra llegó a S/ 40.4 millones. A la diferencia económica se sumaron dos observaciones: la falta de supervisión contratada para el diseño y el incumplimiento del cuaderno digital de incidencias. Los auditores de la Contraloría advirtieron que el exceso podía exponer la aprobación a una eventual nulidad.
Pese a esas alertas, el 1 de septiembre de 2026, la comuna inauguró el vaso regulador, una infraestructura con capacidad superior a los 263 mil metros cúbicos y más de 1.600 beneficiarios previstos. La puesta en servicio representa un hito para la obra, pero deja abierta una pregunta administrativa: cómo respondió la gestión municipal a las observaciones presupuestales y qué documentación acredita que fueron atendidas.
Mal diseño
En San Antonio, durante una inspección realizada en febrero, se encontró acero con corrosión superficial en el reservorio de 250 metros cúbicos y se advirtió que el terreno carecía de saneamiento físico-legal. El diseño también omitió el conducto que debía conectar el sistema con la planta de tratamiento. Esa ausencia compromete un componente esencial para conducir adecuadamente las aguas residuales y plantea dudas sobre la integridad de una infraestructura concebida para prestar un servicio básico.
El historial contractual añade otro capítulo. Pues la obra quedó paralizada después de que se declarara la nulidad del contrato con el Consorcio DyK, en noviembre de 2025. Luego, el 8 de septiembre de 2026, el sistema de contrataciones del Estado registró la adjudicación de los trabajos pendientes a Cosmos Constructores y Servicios SRL por casi S/ 19 millones. La nueva contratación abrió la posibilidad de retomar las labores, pero no acredita que los problemas técnicos detectados hayan sido subsanados ni que el proyecto esté listo para operar en condiciones adecuadas.
Avance cuestionable
En Las Zorras, el foco se desplazó hacia la intervención de un cauce sin autorización. El 10 de julio de 2026, la Autoridad Nacional del Agua notificó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador tras identificar trabajos ejecutados por el Consorcio Kaizen. La inspección constató la construcción de una presa, la conformación de un dique de tierra y la colocación de roca. Semanas después, el 30 de julio, un informe municipal recomendó suspender las labores únicamente en el sector observado hasta obtener el permiso correspondiente. El procedimiento deberá determinar las responsabilidades que correspondan.
Las cifras de gasto ofrecen otra perspectiva, aunque requieren una lectura cuidadosa. Al 12 de agosto, Las Zorras acumulaba S/ 27.8 millones devengados, equivalentes al 98.8 % del presupuesto anual. El dato refleja una ejecución financiera elevada, pero el avance físico de la infraestructura era distinto: era mucho menor al esperado.
Incremento de presupuesto
La carretera San Antonio–Qahuin Alto Sogay concentra observaciones relacionadas con el personal técnico y los procedimientos constructivos. Contraloría detectó información adulterada en el certificado de habilidad del residente, luego de consultar al Colegio de Ingenieros de Tacna. Durante otra visita, constató la ausencia del inspector, parte de su equipo y el arqueólogo responsable del monitoreo. Un control adicional advirtió que el Consorcio El Gladiador preparó concreto en la obra para partidas que exigían concreto premezclado de planta. Los hallazgos comprometen aspectos centrales de la supervisión y el cumplimiento de las especificaciones.
A los cuestionamientos técnicos se suma el incremento del costo registrado: la inversión pasó de S/ 31.4 millones en 2024 a S/ 36.4 millones en mayo de 2026, una diferencia de S/ 5 millones que no prueba un perjuicio económico, pero sí es cuestionable.
El registro del 24 de julio consignó la carretera como finalizada, pero pendiente de recepción o conformidad técnica, con un avance físico acumulado de 94.97 %. La diferencia frente al 100 % obedecía a menores cantidades ejecutadas respecto de las previstas. Aunque se programó una visita para el 14 de agosto, la información disponible no acredita la recepción definitiva.
DATO
Quichinihuaya superó en S/ 11 millones el límite presupuestal calculado por la Contraloría.
CIFRA
94.97 % de avance físico tiene la carretera hacia Qahuin, pero seguía pendiente de recepción definitiva.
Sobre el autor
