La minería ilegal continúa siendo uno de los principales focos de conflictividad en Puno.
Puno se mantiene como la segunda región con mayor conflictividad social del país al registrar 21 conflictos sociales, de los cuales 19 permanecen activos y dos latentes, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo. La región concentra el 11,1 % de los casos reportados a nivel nacional y solo es superada por Loreto, que registra 23 conflictos, en un contexto donde el país acumula 190 casos, de los cuales 159 son activos y 31 latentes.
El informe defensorial muestra que la mayor parte de la conflictividad en Puno está relacionada con temas socioambientales. La región registra 11 conflictos socioambientales activos, además de un conflicto activo por asuntos de gobierno regional, un conflicto activo y otro latente por asuntos de gobierno local, tres conflictos activos por demarcación territorial, un conflicto activo clasificado como otros asuntos y un conflicto comunal latente, lo que evidencia que las controversias abarcan problemas ambientales, territoriales e institucionales.
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, explicó que los casos más complejos se concentran en provincias como Carabaya y en zonas como La Rinconada y Lunar de Oro, donde la minería ilegal genera disputas por el control de recursos y mantiene vínculos con delitos como la trata de personas, la extorsión y la tenencia ilegal de armas. Recordó que uno de los hechos más recientes ocurrió entre Coasa y Limbani, donde varias personas resultaron heridas durante enfrentamientos relacionados con esta actividad.
La funcionaria precisó que la Defensoría del Pueblo promueve espacios de diálogo para evitar el escalamiento de los conflictos; sin embargo, advirtió que sus intervenciones no son vinculantes y que la limitada presencia del Estado, junto con la falta de recursos y capacidad operativa, dificulta alcanzar soluciones definitivas.
El especialista en gestión de conflictos Jacinto Ticona coincidió en que la conflictividad social en Puno responde a procesos complejos donde intervienen el Estado, la población y diversos actores económicos con intereses distintos. Señaló que una de las principales debilidades radica en la falta de acciones preventivas y en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, situación que genera desconfianza en la ciudadanía y favorece la reactivación de conflictos que parecían resueltos.
Ticona sostuvo que atender únicamente las protestas cuando estallan no resolverá el problema si no se abordan las causas estructurales que las originan. En ese sentido, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades y reforzar la presencia del Estado en las zonas donde la conflictividad es permanente.
La Defensoría del Pueblo advierte que, a diferencia de años anteriores, las comunidades ya no solo mantienen controversias con empresas formales, sino también con organizaciones dedicadas a la extracción ilegal, operadores de plantas de beneficio, transportistas y redes vinculadas al crimen organizado, lo que incrementa los niveles de violencia y dificulta la intervención de las autoridades.
Dato
Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo, Puno concentra el 11,1 % de los conflictos sociales del país y ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás de Loreto, que registra 23 casos.
