La casa superior de estudios busca frenar la indefectible demolición de su campus por estar construido en zona de campiña. Mientras se resuelve una medida judicial para anular la resolución municipal que derogó los permisos de construcción de su edificio, se suspenden sus efectos. Cabe destacar que este es uno más de los muchos procesos que la universidad inició con el fin de dilatar su destino.
El conflicto por la eventual demolición del campus de la Universidad Continental se ha convertido en uno de los casos más complejos de la región. Y es que la casa superior de estudios ahora ha empleado una argucia legal que ha impedido su ejecución inmediata. Esto tras interponer un proceso contencioso administrativo contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 240-2024 que anulaba los permiso de construcción de su primer edificio. Ante esto, el Segundo Juzgado Civil Especializado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso una medida cautelar que suspende los efectos de la disposición municipal; una medida que solo dilata lo que debería ser un irremediable destino.
El origen del caso se remonta a la habilitación urbana aprobada en 2014, que permitió la construcción del campus en un terreno agrícola, durante la gestión del corrupto Alfredo Zegarra Tejada. Esto a pesar de que en ese período, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero sostuvo que el predio estaba destinado a parque zonal. Lo que hacía incompatible la edificación de infraestructura educativa.
Tras varios años de litigio, el Poder Judicial resolvió en 2021 declarar la nulidad de la habilitación urbana, al considerar que los actos administrativos que la aprobaron la licencia contravenían el ordenamiento legal vigente. Este fallo anuló todo acto posterior que sustentaba todas las licencias y abrió el camino a una eventual demolición del edificio de la casa de estudios.
TAMBIEN PUEDES LEER Declaran a colegio Lord Byron como civilmente responsable por violación de menor
Licencia anulada
Como consecuencia directa, las licencias de edificación otorgadas en 2014, 2016 y 2020 quedaron sin sustento jurídico. Bajo ese criterio, la municipalidad emitió en 2024 la Resolución de Gerencia Municipal N.° 240-2024, formalizando la revocatoria total de los permisos del campus.
El escenario se volvió más crítico en 2026, cuando la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación presentado por la universidad, dejando firme la sentencia que anuló las licencias. Con ello, el fallo adquirió calidad de cosa juzgada.
Ahora bien, al quedar firme la decisión judicial, la municipalidad obtuvo respaldo legal para ejecutar medidas como la recuperación del terreno e incluso la demolición de las edificaciones levantadas sin sustento normativo.
Sin embargo, la demolición no se ha materializado. La razón radica en la respuesta legal de la universidad, que ha interpuesto múltiples acciones para frenar la ejecución del fallo. Entre ellas figuran demandas de nulidad, acciones de amparo y denuncias contra autoridades municipales.
Usa leguleyadas
Además, la institución ha recurrido a medidas cautelares y nuevos procesos judiciales que han generado una superposición de expedientes en distintas instancias. Esto en la práctica ha congelado la ejecución de la sentencia.
Recientemente, el Segundo Juzgado Civil Especializado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso suspender los efectos de la Resolución de Gerencia Municipal N.° 240-2024, que había dejado sin vigencia las licencias de edificación del campus de la Universidad Continental. La decisión se adoptó al declarar fundada la medida cautelar de “no innovar”. Esto impide que la municipalidad ejecute dicha resolución mientras el proceso judicial principal siga en trámite; que es un contencioso administrativo que la casa de estudios presentó contra la comuna de Bustamante y que debe resolver el mismo juzgado.
El alcance de la resolución precisa que el juez ordena que el acto administrativo impugnado no sea aplicado ni ejecutado “bajo ninguna forma” durante la vigencia del proceso. En términos prácticos, esto bloquea cualquier intento inmediato de materializar consecuencias derivadas de la revocatoria de licencias, incluyendo un eventual procedimiento de demolición.
No obstante, el fallo también establece otros límites. La suspensión cautelar sólo alcanza a la Resolución N.° 240-2024, dejando fuera otras medidas municipales emitidas en 2026 —como multas o disposiciones complementarias— al no haber sido incorporadas en la demanda principal. Esto implica que dichos actos pueden seguir su propio curso administrativo o judicial de manera independiente.
Como parte del trámite, la universidad presentó una contracautela de S/ 500 mil bajo la modalidad de caución juratoria, requisito procesal que respalda la medida otorgada. Mientras se resuelve la demanda de fondo —que busca la nulidad definitiva de la resolución municipal—, la decisión judicial mantiene en suspenso la ejecución de medidas más drásticas y asegura la continuidad operativa del campus.
DATO
La construcción de la universidad se inició tras un expreso favorecimiento de la gestión de Alfredo Zegarra, que cambió de manera ilegal la zonificación del terreno.
DATO
Evidencia.pe consultó con los representantes de la U. Continental desde la semana pasada, pero hasta el cierre de esta edición no dieron ninguna respuesta.
CIFRA
S/ 500 mil dio la universidad como una contracautela de para respaldar la medida cautelar vigente.
