Desde Arequipa, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, supervisó acciones en el penal de Socabaya y anunció el traslado de 30 internos a Cochamarca, como parte del plan nacional que busca reducir el hacinamiento y mejorar la seguridad en las cárceles del país.
El movimiento empezó a ejecutarse en uno de los penales más congestionados del sur del país. Durante su visita a Arequipa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, confirmó el traslado de 30 internos del penal de Socabaya hacia el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en Pasco, un recinto que aún cuenta con capacidad disponible.
La medida forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, una estrategia que busca reorganizar el sistema carcelario peruano ante los altos niveles de sobrepoblación que afectan a diversos establecimientos. En el caso de Socabaya, la situación es crítica: el penal fue diseñado para albergar a 667 internos, pero actualmente supera ampliamente esa cifra y bordea los 2,500, lo que complica las condiciones de control y seguridad.

Durante el recorrido, el titular del sector explicó que estas acciones no responden a decisiones aisladas, sino a un trabajo sostenido en campo que se viene desarrollando desde hace más de un mes. En ese periodo, se han realizado inspecciones en distintos penales del país para identificar espacios disponibles y tomar decisiones inmediatas que permitan redistribuir la población penitenciaria.
Según detalló, en muchos casos la información administrativa no refleja completamente la realidad que se vive dentro de los establecimientos, por lo que estas visitas permiten tener un diagnóstico más preciso. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Tarapoto, donde se detectaron ambientes con capacidad libre que facilitaron traslados recientes.
El ministro también señaló que el plan no solo contempla el traslado de internos, sino que incluye la ampliación de infraestructura y la revisión de procesos de egreso. En ese sentido, advirtió que existen personas privadas de libertad que ya cumplieron su condena o que califican para beneficios penitenciarios, pero que continúan recluidas debido a demoras en los trámites, situación que se viene coordinando con el sistema de justicia.
En paralelo, se vienen intensificando los operativos de requisa dentro de los penales, como parte del proceso de reordenamiento. Estas intervenciones han permitido incautar celulares, sustancias ilegales y otros objetos prohibidos, además de reorganizar la distribución de internos en los pabellones, con apoyo de labores de inteligencia penitenciaria.
Dato
En el Perú, la población penitenciaria alcanzó cerca de 199,886 personas en 2025, mientras que la capacidad del sistema está superada en más de 59,000 internos, lo que representa un hacinamiento de aproximadamente 143%.









