Challapalca es rechazado por la población por traslado de reos de alta peligrosidad.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna, junto con otros cuatro reclusorios considerados de alta peligrosidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de septiembre, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
La decisión supone un nuevo refuerzo de la seguridad alrededor de Challapalca, un establecimiento que desde hace varios años genera rechazo entre organizaciones sociales y autoridades de Tacna.
PNP y FF. AA. vigilarán
Durante los 60 días de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida comprende el perímetro exterior de los penales hasta un radio de 200 metros. En esta zona quedan suspendidos constitucionalmente los derechos relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Las FF.AA. apoyarán a la Policía en la vigilancia exterior, mientras que también se ejecutarán acciones de control sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
El decreto contempla controles de acceso y labores de inteligencia para prevenir fugas y otras actividades vinculadas con las organizaciones criminales que operan desde los reclusorios. También se realizarán operativos para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas. En tanto, la administración y custodia interna de los penales continuará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El refuerzo de seguridad llega en un momento en que distintos sectores de Tacna mantienen su oposición al penal. En varias oportunidades realizaron protestas para evitar su ampliación.
El traslado de reos considerados de alta peligrosidad generó protestas en 2026. El 4 de febrero, unos 200 pobladores de Tarata, Ticaco, Susapaya y otras localidades llegaron hasta las inmediaciones del penal para exigir su cierre.
“Challapalca no va”
Incluso el 28 de agosto, durante las actividades por el 97.° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna planteó directamente a la presidenta Keiko Fujimori el cierre del penal.
La organización volvió a cuestionar la posibilidad de concentrar en Challapalca a internos de alta peligrosidad y advirtió sobre los efectos que esto tendría para la población de la zona.
Sin embargo, durante su visita a Tacna la mandataria no anunció el cierre del establecimiento.
Problema ambiental sigue pendiente
El conflicto alrededor de Challapalca no se limita a la seguridad. La gestión de residuos y aguas residuales del penal ha sido observada por el OEFA. En noviembre de 2025, el organismo fiscalizador supervisó el establecimiento y encontró que las aguas residuales eran almacenadas en cuatro pozas sin impermeabilización, ubicadas cerca de viviendas y actividades pecuarias y a aproximadamente 160 metros del río Maure.
Ante esta situación, el OEFA dispuso que el INPE implemente, en un plazo máximo de 12 meses, un sistema de tratamiento de aguas residuales, además de clausurar y desinstalar la línea de conducción existente.
También ordenó habilitar un almacén para el acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos y realizar labores de limpieza en el área utilizada para su disposición final.
El plazo otorgado por el OEFA resulta relevante porque la supervisión ocurrió en noviembre de 2025 y, por tanto, las medidas debían avanzar durante 2026.
La versión del INPE
El INPE ha sostenido una posición diferente respecto de las denuncias de contaminación.
En una inspección realizada en mayo de 2025, funcionarios de la institución señalaron que las aguas servidas del penal no desembocaban directamente en el río Maure, sino que eran conducidas hacia pozos de contingencia ubicados aproximadamente a 700 metros del cauce.
El INPE también informó entonces que desarrollaba un proyecto para implementar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) y una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PETAP).
Sin embargo, meses después, la supervisión del OEFA detectó las cuatro pozas sin impermeabilización y estableció medidas para reducir el riesgo ambiental.
La controversia también alcanza a la Comunidad Campesina de Maure, cuyos pobladores han reclamado atención por el estado del río y los bofedales de la zona.
En julio de 2026, dirigentes comunales condicionaron la continuidad de las reuniones con el INPE a la presentación de un plan concreto para la recuperación del ecosistema. Los comuneros reclamaron que no bastaban reuniones y que necesitaban compromisos verificables, con plazos y presupuesto para la remediación ambiental.
Emergencia cambia el escenario
El nuevo estado de emergencia no dispone el cierre ni el traslado del penal. Por el contrario, establece un régimen especial de seguridad durante 60 días y fortalece el control policial y militar de su entorno.
Para el Gobierno, la medida forma parte de una estrategia para combatir a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles. El Ejecutivo sostiene que los cinco establecimientos seleccionados concentran aproximadamente la mitad de los internos vinculados con organizaciones criminales.
Para Tacna, en cambio, la decisión ocurre mientras continúa pendiente el pedido de cierre de Challapalca y siguen abiertas las controversias sobre seguridad y contaminación ambiental.
La medida estará vigente durante 60 días, mientras el INPE mantiene el control y administración interna del penal y la PNP, con apoyo de las FF. AA., refuerza la seguridad de su perímetro.
Dato
Otros penales en estado de emergencia: Cochamarca (Pasco), Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). Estos concentran casi el 50 % de internos vinculados con organizaciones criminales del país.
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