En el pedido elevado al JNE se argumenta el uso indebido del despacho municipal para recibir dinero, vulnerando el principio de buena administración y aprovechamiento irregular de bienes públicos. Con esto, el alcalde Sergio Bolliger nuevamente vuelve al ojo de la tormenta por un presunto acto de corrupción.
Un nuevo proceso de vacancia persigue al alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín. El edil, también acusado de atentar contra el patrimonio y otros estropicios, podría dejar el cargo tras haber recibido en su despacho un fajo de billetes del empresario Roberto Aguirre Yato. El mismo caso obra en el Ministerio Público, donde se investiga si el dinero entregado fue producto de coimas a cambio de permisos para la instalación de paneles publicitarios.
La solicitud de destitución fue interpuesta por el ciudadano Oswaldo Juan de Dios Sanchez Oscco ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esta se sustenta la presunta transgresión al principio constitucional de buena administración y en el aprovechamiento indebido de bienes públicos. El artículo 63 de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), sanciona esta infracción con la vacancia.
Precisamente, según el documento, el burgomaestre —conocido como «El Nabo»— usó las instalaciones del municipio para realizar actos ajenos a la función pública. El demandante sostiene que el despacho de Alcaldía constituye un bien de dominio público destinado exclusivamente a labores de gestión municipal y atención ciudadana. La utilización de dicho ambiente para concretar transacciones monetarias particulares representa una grave infracción administrativa.
El vídeo de «El Nabo»
La solicitud de vacancia tiene origen en el video grabado en diciembre de 2025 y difundido a finales de marzo de este año por Evidencia.pe. Allí se observa al alcalde de Yanahuara recibiendo un fajo con varios billetes de cien soles de manos de Roberto Aguirre Yato, vinculado al negocio de paneles publicitarios.
Las imágenes muestran cómo el empresario consulta al burgomaestre si puede entregarle el dinero en ese momento. Sin reparos, Bolliger Marroquín dice que sí y guarda rápidamente los billetes en el escritorio de su despacho, mientras le recrimina por otros pagos que el mencionado no cumplió con abonar a tiempo.
La autoridad no ha negado la veracidad del video, lo único que hizo hasta el momento es desentenderse y mantener un completo hermetismo. Ni siquiera aclaró dónde conoció al empresario Roberto Aguirre y a cambio de qué aceptó esa transacción, pese a que esto ya le trajo consecuencias partidarias, legales y administrativas.
Como consecuencia del escándalo, incluso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar contra el burgomaestre por el presunto delito de cohecho pasivo propio, mientras que Roberto Aguirre es investigado por presunto cohecho activo genérico. Además, las pesquisas alcanzan posibles hechos de negociación incompatible.
Grave infracción
Los hechos descritos y líneas arriba revelan una “degradación de la investidura pública», reza la solicitud. Se alegra que la autoridad trató de privatizar la comuna yanahuarina, utilizando esta infraestructura pública como una suerte de “peaje” o centro de acuerdos informales que él mismo propició.
La solicitud de vacancia invoca, además, precedentes del propio máximo ente electoral relacionados con el uso indebido de bienes públicos por parte de autoridades municipales. El peticionario sostiene que, según jurisprudencia del estamento, no es necesario acreditar un contrato formal para configurar una infracción cuando existe aprovechamiento de recursos o instalaciones estatales en beneficio privado.
En el documento también se recuerda el antecedente del exalcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, quien fue vacado semanas atrás por la utilización de recursos municipales para fines ajenos al interés público. A criterio del solicitante, existiría una “identidad de razón” entre ambos casos debido a la instrumentalización del cargo y de bienes estatales para conveniencias particulares.
Asimismo, en el requerimiento se advierte a los regidores que el análisis del pedido no debe responder a criterios políticos ni de blindaje. Por el contrario, señala que sus decisiones estarán sujetas a control legal y eventualmente podrían derivar en responsabilidades si existe una omisión frente a hechos presuntamente irregulares.
Finalmente, el demandante solicita que el JNE corra traslado del expediente al Concejo Municipal para que convoque a una sesión extraordinaria y debata la vacancia de Sergio Bolliger Marroquín. Con este pedido de destitución, la autoridad nuevamente vuelve a quedar contra las cuerdas.
CIFRA
5 mil soles habría recibido Sergio Bolliger del empresario Roberto Aguirre Yato.
DATO
El burgomaestre fue suspendido de Renovación Popular por estos presuntos actos de corrupción.
