Un contraste entre la tragedia y el uso adecuado de bienes del Estado.
El accidente del helicóptero militar en Chala (Arequipa), la tarde del domingo, no solo deja una herida humana irreparable, sino también una profunda interrogante ética, legal y moral. Entre las víctimas se encontraban familiares de altos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo que ha encendido un debate que trasciende la tragedia misma.
La versión oficial con el teniente general FAP César Mendiola a la cabeza, señala que se trataba de un “vuelo de acción cívica” autorizado y que los familiares estaban registrados conforme a norma. Sin embargo, cuando se trata de recursos militares, más aún en contextos de emergencia, la discusión no puede limitarse a si estaba permitido, sino si era correcto.
Los bienes del Estado existen para cumplir fines públicos específicos. Un helicóptero militar no es un medio de transporte ordinario: es una herramienta estratégica que implica riesgos y costos asumidos por toda la colectividad. El punto no es solo la autorización formal, sino el criterio con el que se decide su uso. Una hora de vuelo en una de estas aeronaves demanda alrededor de 10 mil a 12 mil soles en combustible, dependiendo el modelo de operación.
Es como si un policía utilizara una patrulla para llevar a su hija al colegio, o como si un médico empleara una ambulancia para regresar a su casa. Aunque pudiera existir alguna justificación administrativa, el sentido común ciudadano percibiría de inmediato un uso impropio del bien público. Cuando los recursos estatales se destinan a fines personales, incluso sin mala intención, la confianza se erosiona.
En medio del dolor, el rescate con vida de un pequeño perro chihuahua conmovió al país. Sobrevivió entre los restos del MI-17 que tenía 288 horas en el aire, convertido en símbolo inesperado de esperanza. Pero mientras algunos les conmueven ese milagro, las preguntas de fondo siguen en el aire.
La tragedia en Caravelí debe impulsar una revisión institucional. Las Fuerzas Armadas merecen respeto, pero también están obligadas a estándares éticos ejemplares. Porque en democracia, no basta con que algo sea legal: debe ser justo y coherente con el interés colectivo.
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