La Fiscalía aún no culmina la sustentación de requerimiento.
El proceso judicial para decidir la prisión preventiva de los presuntos integrantes de la organización criminal «Los Mandachitos de la Corrupción» volvió a sufrir un nuevo retraso. El Poder Judicial programó continuar la audiencia el 13 de julio, entre las 8:30 a.m. y la 1:00 p.m., debido a que el Ministerio Público aún no concluye la sustentación de su requerimiento.
Durante la sesión de este viernes, la jueza María Candelaria Morales exhortó al representante de la Fiscalía a ser más breve durante la oralización del primer presupuesto del requerimiento de prisión preventiva, con el fin de agilizar el proceso, que se prolonga desde hace varias semanas sin que termine la exposición fiscal.
Aún no concluye
Con la decisión adoptada por la magistrada, suman cinco fechas de audiencia. La primera ocurrió el 26 de mayo, cuando el juzgado suspendió la diligencia y la reprogramó para el 5 de junio a pedido de las defensas, que solicitaron más tiempo para revisar documentación incorporada por la Fiscalía.
Posteriormente, la audiencia volvió a aplazarse y continuó en nuevas jornadas los días 12 de junio, 22 de junio y 10 de julio. No obstante, en esta última sesión, el juzgado fijó la nueva fecha. Aún falta escuchar los argumentos de las defensas.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, a cargo de Arturo Zirena, solicitó 36 meses de prisión preventiva para el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, y otros investigados, a quienes atribuye los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, entre otros.
Hipótesis fiscal
Según la hipótesis fiscal, los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Puno y efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, en contubernio, presuntamente conformaron una estructura criminal con roles específicos, dedicada a cometer actos de corrupción y que operó entre los años 2024 y 2025.
Esta organización se dedicó a omitir el registro y ejecución de sanciones impuestas por infracciones al reglamento de tránsito, desaparición de expedientes, alterar o anular las papeletas y liberar indebidamente vehículos implicados en infracciones de tipo M1, M2 y M3. Todo esto a cambio, al parecer, de beneficios económicos ilícitos entregados por conductores.
La investigación también comprende a exfuncionarios municipales, trabajadores de la Gerencia de Transportes, un efectivo policial y particulares, quienes habrían desempeñado distintos roles dentro de la presunta red.
La audiencia continuará el próximo 13 de julio, cuando la Fiscalía deberá culminar la sustentación de su requerimiento. Para después de esa etapa las defensas , puedan presentar sus alegatos antes de que el Poder Judicial determine si dicta o no la prisión preventiva solicitada contra los investigados.
Dato
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