La Fiscalía recuperó restos óseos y elementos asociados en la comunidad de Huarahuarani, Azángaro.
Durante años, la familia de Francisco Huayta mantuvo la incertidumbre sobre el destino de su ser querido. Esa espera podría empezar a terminar tras una diligencia realizada en la comunidad de Huarahuarani, distrito de San José, provincia de Azángaro, donde fueron recuperados restos óseos y elementos asociados que serían sometidos a análisis para establecer si corresponden a la víctima.
La intervención fue realizada por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, como parte de la investigación humanitaria del Caso Huarahuarani. El objetivo es recuperar, analizar e identificar los restos de Huayta, quien habría sido victimado en este sector durante el periodo de violencia que atravesó el Perú entre 1980 y 2000.
Este periodo corresponde al conflicto armado interno y la violencia política que sufrió el país durante esas dos décadas, marcado por asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos. La violencia involucró a organizaciones terroristas y también registró graves violaciones atribuidas a agentes del Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que el conflicto dejó 69.280 víctimas fatales.
La búsqueda de personas desaparecidas de ese periodo continúa bajo un enfoque humanitario, que busca recuperar e identificar los restos y, cuando sea posible, restituirlos a sus familiares. El Ministerio Público busca priorizar la protección de los lugares de entierro, la recuperación de restos y su posterior identificación forense.
Restos en Huarahuarani
En Huarahuarani, la diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Hugo Javier Vizcarra Mamani y contó con la participación del antropólogo Miguel Ángel López Luján, integrante del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, además de los familiares de Huayta.
Los trabajos incluyeron labores especializadas de búsqueda y excavación. Como resultado, se recuperaron restos óseos y elementos asociados que serán sometidos a los respectivos análisis forenses.
Los restos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal I de San Román–Juliaca, donde se realizarán estudios antropológicos y otros exámenes especializados para establecer su identidad.
El Ministerio Público destacó que esta constituye la primera recuperación de restos óseos realizada en el marco de las investigaciones de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno.
Dato
El periodo investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación comprende de mayo de 1980 a noviembre de 2000. Entre los principales hechos documentados estuvieron las desapariciones forzadas y otros crímenes y violaciones de derechos humanos.
