Pobladores llegaron hasta el Poder Judicial de Puno para exigir garantías sobre sus tierras comunales.
La disputa por terrenos comunales en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, volvió a encender las protestas en Puno. Comuneros de San Antón llegaron hasta los exteriores del Poder Judicial para denunciar un presunto intento de despojo de sus tierras, consideradas ricas en estaño. Los pobladores sospechan que detrás de esta controversia existirían intereses económicos vinculados a la actividad minera. Durante la manifestación también señalaron a la empresa Minsur y exigieron que se garantice el respeto a su propiedad colectiva.
El principal cuestionamiento está dirigido a un proceso judicial de interdicto de recobrar, iniciado por terceros contra personas naturales. Según los representantes comunales, los terrenos en disputa pertenecerían a San Antón y no deberían ser materia de decisiones sin considerar a la comunidad como titular de la posesión colectiva. También cuestionaron que el juez mixto de Melgar habría realizado una inspección ocular sin garantizar, según su versión, la participación y defensa de sus representantes.
La diligencia se habría realizado la semana pasada y el proceso estaría próximo a recibir una sentencia. Esta situación mantiene en alerta a los pobladores, quienes temen que un fallo termine favoreciendo a terceros y afectando sus derechos territoriales. Por ello, solicitaron que las instancias superiores del Poder Judicial revisen el procedimiento. También pidieron que se respete la propiedad comunal y se garantice su derecho a participar en cualquier actuación relacionada con sus terrenos.
Intereses bajo sospecha
Durante la protesta, los comuneros responsabilizaron verbalmente a Minsur de tener intereses en medio de esta disputa. La empresa desarrolla actividades de extracción de estaño en la zona desde hace varias décadas. En ese contexto, los manifestantes sospechan que integrantes de la comunidad de Queracucho estarían recibiendo financiamiento para ocupar los predios en controversia. Incluso exhibieron carteles con mensajes como “Minsur financia a los traficantes de terrenos”. Se trata de acusaciones que tendrán que esclarecer las autoridades y las partes involucradas.
Antecedentes recientes
En agosto de este año, comuneros de San Antón denunciaron presuntos actos de hostigamiento, amenazas y agresiones relacionados, según sus testimonios, con personas vinculadas a trabajos de exploración minera. José López Monroy, poblador de la zona desde 1998 y dedicado a la crianza de alpacas, afirmó a La Decana que los problemas se habrían intensificado durante las celebraciones de Fiestas Patrias. También relató supuestos ataques contra integrantes de su familia, daños a su vivienda y amenazas para que abandonaran el lugar.
En aquella oportunidad, los pobladores señalaron que habían observado vehículos, maquinaria de perforación y plataformas en sectores que consideran parte de su territorio. La controversia tiene como uno de sus puntos centrales la titularidad de los terrenos. San Antón sostiene que sus derechos provienen de los procesos derivados de la Reforma Agraria y de la antigua SAIS Kenamari, mientras que existiría una posición distinta desde Queracucho.
Piden garantías
Los comuneros aseguran que estas disputas no solo ponen en riesgo sus tierras, sino también sus actividades ganaderas y la tranquilidad de sus familias. Por eso, reclaman garantías para continuar viviendo y trabajando en la zona. Además, pidieron la intervención del Ministerio Público y otras autoridades para evitar nuevos enfrentamientos. Su posición es que cualquier controversia territorial debe resolverse mediante documentos, procedimientos transparentes y diálogo, sin recurrir a amenazas ni violencia.
DATO
Minsur SA pertenece al Grupo Breca, el mismo que administra BBVA Perú, Rímac Seguro, entre otros.
DATO
La relación de Minsur con San Antón (Azángaro) responde al impacto de su mina San Rafael.
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