La clave en esta norma es que se presume que quien ejerce la legítima defensa actúa de modo racional.
Después de dos semanas de otorgadas las facultades por el Congreso, el Gobierno de Keiko Fujimori empezó a emitir decretos legislativos. Uno de estos dispone modificar el Código Penal respecto a la protección legal de los ciudadanos que actúan en legítima defensa. Se trata del Decreto Legislativo Nº 1743, publicado en El Peruano, donde se establece que la persona está exenta de responsabilidad penal si a modo de defensa de bienes jurídicos propios o de terceros hace uso, incluso de la fuerza letal, siempre que concurran determinadas circunstancias.
Un aspecto importante es que el ciudadano que ejerce la legítima defensa goza de “la presunción” de haber actuado de modo racional frente a la agresión. Si se objeta lo contrario corresponde a la Fiscalía demostrarlo. “Toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público”, se lee.
De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la norma promovida tiene el objetivo que el sistema de justicia distinga adecuadamente entre quien comete una agresión ilegítima y quien actúa para proteger su vida, integridad o derechos, contando así con mayores garantías legales.
¿Qué se considera racional?
Según el decreto legislativo, la racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión. Por ejemplo, se tomará en cuenta la intensidad y peligrosidad del ataque, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa, así como los bienes jurídicos que se protegen.
El rol del fiscal
En esta norma resalta el rol que tendrá el representante del Ministerio Público para determinar si el ciudadano actuó correctamente. Se detalla que si al calificar la denuncia o después de realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, declarará que no procede formalizar la investigación preparatoria y ordenará el archivo.
No obstante, si determinara lo contrario, el fiscal tendrá “la carga de la prueba” y será el responsable de determinar que hubo excesos y que corresponde sanciones. Asimismo, los jueces que descarten la presunción de racionalidad deberán justificar su decisión. El incumplimiento de esta exigencia será causal de nulidad.
Interpretación
El abogado José Arce explica que antes el Código Penal establecía que la legítima defensa procedía cuando hay un ataque cierto y real. Y para ejercerla hay que emplear un medio proporcional y razonable. Esto cambió con la nueva modificatoria.
“Ahora se presume que en la legítima defensa uno está actuando con un medio proporcional y racional que además está a la mano. Si entran a mi casa a robar y entran con un cuchillo, con un palo o con algo o que se parezca, que puede producir un ataque real e inminente, yo puedo sacar un arma y lo mato”, refiere.
En este aspecto discrepa el abogado de IDL, Juan José Quispe, al mencionar que una norma anterior de 2024, ya se establecía los lineamientos respecto al instrumento utilizado para ejercer su protección. Lo que ahora menciona este decreto es que no basta con que la persona mate a otra ejerciendo su legítimo derecho de defensa cuando ha sido agredido, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos que son de obligatorio cumplimiento.
José Arce detalla que en estos casos se presume que el método a emplearse en un ataque es el adecuado, salvo que el fiscal demuestre que no fue así. Aquí puntualiza la “valla alta” que se le pone al Ministerio Público, al tener que demostrar con un argumento sólido que no hubo intención de defenderse, sino de atacar o ejecutar.
Sobre este punto, Juan José Quispe manifiesta que una omisión en la nueva norma es no especificar plazos. En estos casos tendría que aplicarse los 60 días que contempla una investigación preliminar.
Posibles riesgos
Arce sostiene que el decreto está atendiendo a una realidad, que no es la que se tenía hace años atrás, donde el ciudadano se enfrenta a una creciente inseguridad ciudadana. No obstante, señala que puede existir el riesgo de aprovechamiento para abusar de la norma. Es por eso la importancia de la investigación para determinar su real uso.
“No sé si estamos en condiciones de ser estrictamente legalistas desconociendo la realidad en la que nos encontramos y dictando normas más garantistas, de más protección a los que la infraccionan, en este caso a los delincuentes”, agregó.
A opinión de Juan José Quispe, es que podría concebirse en la población una suerte de licencia para matar, lo cual es un riesgo y es erróneo. En esa línea, también deja abierta la puerta sobre el uso de armas, cuando no se es miembro de la Policía o las Fuerzas Armadas, al no aclararse en el decreto que debe contarse con una licencia para portarlas. “Esto va a ocasionar indiscriminadamente la compra de armas en el mercado negro y que la persona, porque la Policía ya fue rebasada por la delincuencia, aprovechando esta norma, ejerza su legítima defensa y comienza a matar a personas que, por ejemplo, no debían morir”, menciona.
Otro aspecto que podría traer problemas, refiere Quispe, es que ahora la investigación criminal está cargo de la Policía y que finalmente las pruebas que presente o no a la Fiscalía serán determinante en la decisión de archivar el caso. Sin embargo, no existiría confianza en la ciudadanía por esta institución.
DATO
Ejecutivo emitió también decreto que sanciona a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones.
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