Anuncio de juicio contra Torres se da a poco de las elecciones.
Luis Torres Robledo tendrá que volver al banquillo de los acusados. El Poder Judicial programó para el 5 de marzo del 2027 el inicio del juicio oral por el caso de la Parcela 7A, un terreno municipal que fue subastado en 2017, durante su gestión como alcalde provincial de Tacna.
El proceso no es nuevo. La investigación comenzó alrededor de la cuestionada venta del predio y, tras varios años de diligencias y decisiones judiciales, la acusación fiscal finalmente pasó a la etapa de juicio oral. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicita para Torres una pena de 7 años y 6 meses de prisión por el presunto delito de colusión agravada.
El caso también comprende a exfuncionarios municipales y particulares. Entre los acusados figuran Jorge Luis Infantas Franco, Marlene León Ríos, Raúl Enrique Ramos Guillén, Fernando Eddy Acevedo Velásquez y Jorge Encinas Maquera, este último señalado por la Fiscalía como presunto cómplice.
Campaña electoral
El anuncio del juicio ocurre, mientras Torres busca regresar al cargo de alcalde, el mismo que ocupó antes de llegar al Gobierno regional. Para las elecciones municipales de octubre de 2026, el actual gobernador figura como primer regidor de la lista de Fuerza Tacna para la Municipalidad Provincial.
Esta situación se produjo después de que el Jurado Electoral Especial de Tacna declarara improcedente la candidatura de Jacqueline Soto Acero a la alcaldía provincial. La lista de regidores, encabezada por Torres, sí fue admitida, aunque el propio JEE precisó que la admisión no equivale todavía a una inscripción definitiva.
De concretarse su elección como primer regidor y mantenerse el escenario electoral actual, Torres podría volver a la alcaldía de Tacna, esta vez mientras afronta un proceso judicial por hechos ocurridos precisamente durante una de sus anteriores gestiones.
Venta de la Parcela 7A
El terreno, ubicado en la zona de la Vía Ecológica, en Gregorio Albarracín, tenía una extensión de más de 35 hectáreas. En agosto de 2017 fue adjudicado mediante subasta pública a la Asociación de Parque Industrial de Viñani (APIV) por S/25 millones 841 mil 857.
Uno de los principales puntos de la acusación está relacionado con el pago del predio. Según la tesis fiscal, APIV debía cancelar el saldo pendiente, superior a S/18 millones, hasta el 4 de octubre de 2017.
La Fiscalía sostiene que el plazo venció sin que se completara el pago y que, pese a ello, se habrían realizado actuaciones administrativas destinadas a aparentar que la obligación había sido cumplida dentro del plazo.
Entre los elementos cuestionados aparece incluso una carta emitida con fecha 4 de octubre, aunque habría sido elaborada cuando ya había vencido ese plazo. Según la Fiscalía, ese documento habría permitido justificar posteriormente el pago efectuado por la asociación.
El Ministerio Público sostiene que, de no haberse concretado el pago dentro del plazo, APIV habría perdido los montos entregados y el terreno debía retornar a la Municipalidad Provincial de Tacna.
Diferencia del valor del terreno
Otro de los puntos centrales de la acusación es el valor por el que se vendió el predio.
La Parcela 7A fue adjudicada por S/25.84 millones. Sin embargo, una valorización incorporada en un informe de la Contraloría habría estimado el terreno en más de S/50.82 millones.
La diferencia supera los S/24 millones y constituye, según la tesis fiscal, el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado. Este aspecto deberá ser debatido y probado durante el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que Torres, como entonces alcalde provincial, habría conocido las irregularidades y permitido que el procedimiento continuara pese a los cuestionamientos sobre el pago y las actuaciones administrativas.
De manera alternativa, el Ministerio Público también plantea el delito de negociación incompatible, en caso de que durante el proceso no se logre acreditar la presunta concertación necesaria para configurar la colusión.
Dato
La Parcela 7A es un predio urbano ubicado en el sector de Viñani en Tacna, cuya cuestionada venta directa e irregular subasta derivó en un proceso penal por colusión agravada.
