Cuatro funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios tienen presunta responsabilidad civil.
Un puesto de salud que debía ampliar la capacidad de atención en Iñapari terminó con S/525 197 de perjuicio económico, según una auditoría de la Contraloría. El monto corresponde a pagos por trabajos que no fueron ejecutados o estaban incompletos y a una penalidad que no fue aplicada al supervisor de la obra.
El proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios y tiene un valor actualizado de S/20 millones 008 mil 738. Pese a la inversión comprometida, los trabajos continúan paralizados mientras se gestiona presupuesto para su reactivación.
La auditoría determinó que funcionarios del Gobierno regional dieron conformidad y tramitaron el pago total de siete valorizaciones de obra presentadas por la empresa contratista.
Estas valorizaciones incluían partidas que no fueron ejecutadas o que se encontraban parcialmente ejecutadas. Además, los trabajos no se ajustaban a las especificaciones del expediente técnico. Pese a ello, los funcionarios aprobaron los metrados y permitieron que los pagos fueran efectuados.
El problema alcanzó también al servicio de supervisión. La Contraloría identificó el trámite y pago total de cinco valorizaciones de supervisión por partidas no ejecutadas o inconclusas.
En este caso, además, no se informó oportunamente sobre la aplicación de las penalidades que correspondían al supervisor por valorizar trabajos que no realizó. Según la auditoría, esta situación contribuyó al perjuicio económico de S/525 mil 197.
Obra no cumple su finalidad
El proyecto corresponde al mejoramiento y ampliación de la capacidad del Puesto de Salud de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu. El órgano de control advierte que las irregularidades afectaron la finalidad pública de la inversión, debido a que la obra está paralizada y el establecimiento no puede brindar los servicios previstos. La auditoría determinó presunta responsabilidad civil en cuatro funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, entre ellos responsables vinculados con la supervisión y liquidación de obras, quienes dieron conformidad o tramitaron pagos.
Falta de controles internos
La Contraloría recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes para buscar el resarcimiento del perjuicio ocasionado.
El informe también encontró una debilidad estructural dentro del Gobierno Regional: la entidad no contaba con una normativa interna que regulara y estandarizara el seguimiento, monitoreo y los mecanismos de control durante la ejecución y supervisión de obras por contrata.
Para la Contraloría, esta ausencia de reglas contribuyó a que se aprobaran y pagaran partidas que estaban incompletas o que no habían sido ejecutadas.
Por ello, el organismo de control encargó a la titular Lisett Sharon Revollar Cáceres, del Gobierno Regional implementar ocho acciones orientadas a mejorar los controles y la gestión de los recursos públicos.
Dato
El Centro de Salud de Inambari (Mazuko) atiende en promedio a una población asignada de más de 16 mil habitantes en todo su distrito.
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