Ministerio Público inició procedimiento preventivo contra funcionarios de la MPT tras incendio en “La Rampa”. Se investiga posible omisión de funciones y advertencias previas no atendidas sobre riesgos eléctricos y de seguridad.
El incendio ocurrido en el sector “La Rampa” del Mercado Central de Tacna ha terminado por abrir una investigación fiscal contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna, tras detectarse presuntas omisiones en el control y fiscalización del recinto.
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Prevención del Delito dispuso el inicio de un procedimiento preventivo de oficio por 90 días, alcanzando al gerente municipal Jonatan Ríos, así como a los subgerentes de Fiscalización y Control, Gestión del Riesgo de Desastres, Comercialización y al administrador del mercado.
La investigación busca determinar si hubo omisión, rehusamiento o demora en el cumplimiento de funciones, lo que podría configurar responsabilidad dentro de la administración pública en torno a la seguridad del establecimiento.
De acuerdo al informe fiscal, el siniestro dejó en evidencia graves deficiencias estructurales, como una red eléctrica antigua y sobrecargada, además del hacinamiento de comerciantes en zonas no diseñadas para actividades comerciales. A ello se suma la presencia de materiales altamente inflamables, entre ellos licores y productos de perfumería almacenados sin condiciones adecuadas de ventilación.
El documento también precisa que ya existían advertencias previas emitidas a la municipalidad, mediante exhortaciones y recomendaciones para corregir estas condiciones de riesgo, sin que estas hayan sido atendidas en su totalidad.
El área afectada, conocida como “La Rampa”, funcionaba originalmente como zona de tránsito y descarga, pero fue utilizada como espacio comercial sin contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito indispensable para su operación segura.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realizó una constatación fiscal el 27 de abril para verificar los daños y las acciones adoptadas tras el incendio. Además, solicitó informes detallados sobre medidas preventivas, licencias de funcionamiento, certificados de seguridad y el padrón de comerciantes del sector.
La Fiscalía advirtió que la presunta omisión de funciones podría haber sido determinante en la magnitud del incendio, debido al conocimiento previo de los riesgos eléctricos y de seguridad en el mercado.
Dato
El delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales puede ser sancionado con penas de hasta 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público.
