Familiares de fallecidos y heridos en las protestas, denuncian un «blindaje» normativo en su búsqueda por justicia, frente a procesos fiscales paralizados por más de tres años. Amnistía Internacional advierte un severo retroceso democrático.
A tres años y cinco meses de las jornadas de protesta en el sur del país, las familias de las víctimas mortales y los heridos del 9 de enero de 2023 en Puno, enfrentan una nueva e indignante barrera en su búsqueda de justicia. El Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que pretende someter los delitos cometidos por militares y policías exclusivamente al fuero castrense.
Para los deudos y los defensores de los derechos humanos, esta iniciativa legislativa no es más que un «blindaje» normativo orientado a consolidar la impunidad.
Para las familias que perdieron a sus seres queridos en Juliaca, el camino judicial ha sido un calvario logístico y emocional, agravado por lo que consideran una estrategia de dilación institucional.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, calificó el proyecto de ley como un retroceso histórico que evoca los años noventa, una época marcada por la persecución a líderes sociales.
«Una vez más nuestros derechos no serán respetados. Nosotros lo único que exigimos es justicia para los que ya no están con nosotros», manifestó Samillán, denunciando que el proceso penal lleva más de tres años estancado debido a las constantes injerencias de los grupos de poder.
Temor al olvido
Esta postura es compartida por Gustavo Illanes Aceituno, padre de Gustavo Illanes, una de las más de 20 personas que perdieron la vida en Puno. Illanes relató a Diario Evidencia el desgaste económico y psicológico que sufren las familias al tener que trasladarse constantemente para exigir avances, en medio de un Ministerio Público que obstaculiza las indagaciones.
«No está avanzando los procesos judiciales porque hay fiscales que nos ponen… han cambiado algo de cinco fiscales. Eso entorpece la investigación», denunció Illanes.
El drama no se limita a los fallecidos. El panorama para los sobrevivientes es desolador: «Hay compañeros que tienen más de 100 perdigones en el cuerpo o balas alojadas en la columna; eso les dificulta trabajar. Nadie se pone en nuestros zapatos, nadie ve lo que estamos sufriendo día a día», añadió con indignación, recordando que, tras más de tres años, la presidenta Dina Boluarte permanece «libre de polvo y paja».
Advertencia
Desde el plano civil e internacional, las alertas son severas. María Jennie Dador Tozzini, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, advirtió que el proyecto de ley no solo afecta a los deudos actuales, sino que desprotege a toda la sociedad civil de cara al futuro.
De aprobarse definitivamente la norma, cualquier violación a los derechos humanos cometida en el contexto de movilizaciones sociales pasaría a ser juzgada por los propios miembros de las fuerzas del orden. «Ahí van a ser absueltos. No hay garantías tampoco para que se pueda llevar adelante un ejercicio ciudadano o el derecho a la protesta», enfatizó Dador.
Además, la directora lamentó que el Congreso de la República insista en emitir leyes contrarias a los estándares internacionales, ignorando los fallos previos del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Ante esta situación, Amnistía Internacional, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, prevé articular un pronunciamiento conjunto y enviar comunicaciones formales al Parlamento. Asimismo, Dador Tozzini confirmó que viajará a Puno y Juliaca a fines de junio para reunirse de forma presencial con las asociaciones de familiares.
El análisis legal
Pese al evidente propósito político de la norma, los expertos en derecho penal sostienen que la ley está «tan mal hecha» que su objetivo de impunidad podría desvanecerse en las salas judiciales de la justicia ordinaria.
Yvan Montoya, doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca (España), explicó que el texto del proyecto de ley incurre en omisiones jurídicas críticas. Si bien la iniciativa alega evitar la duplicidad de procesos en el fuero civil y militar-policial, no define los delitos contra la vida como «delitos de función».
«Un juez o un fiscal que conoce estos casos no tiene por qué perder la competencia. Si le llega una solicitud del fuero militar para trasladar el caso, el magistrado solo debe revisar la ley y responder: ‘La norma no dice que en casos de homicidios o lesiones yo deba trasladarlo’, basándose en la jurisprudencia del TC. Y se acabó», argumentó Montoya.
El penalista también advirtió sobre el riesgo de recurrir apresuradamente a una demanda de inconstitucionalidad. Sostuvo que, ante un TC que muestra signos de copamiento institucional, una resolución adversa blindaría definitivamente la norma. Por ello, instó a los magistrados a aplicar el control de convencionalidad e interpretar el texto de forma restrictiva para mantener los casos del 9 de enero bajo la jurisdicción común.
Vínculo electoral
El debate de este proyecto de ley coincide con un escenario político de alta polarización regional. Tanto los dirigentes de las víctimas como los analistas, vinculan la prisa del Congreso por aprobar estas normas con el panorama electoral de la segunda vuelta y el eventual triunfo de Keiko Fujimori.
Para Raúl Samillán, la candidata de Fuerza Popular es considerada «la causante de todo el dolor que vivimos», por lo que adelantó que los gremios puneños no reconocerán su eventual mandato. En esa misma línea, Gustavo Illanes advirtió que el descontento social acumulado durante más de tres años podría desencadenar una nueva ola de protestas en el sur del país: «Nada raro que la gente vaya a salir a protestar igualito(…) ¿Cuántas muertes más va a tener que haber para que por lo menos se haga justicia?».
Por su parte, el doctor Montoya coincidió en que la finalidad del Parlamento parece ser de naturaleza preventiva ante futuras movilizaciones. No obstante, remarcó la diferencia sustancial de esta norma con otras leyes polémicas (como la ley de prescripción), dado que este proyecto no posee el carácter explícito necesario para arrebatarle las competencias a los jueces civiles, abriendo un espacio legal para que la justicia ordinaria no decline en la defensa de los derechos fundamentales.
Cita:
«Una vez más nuestros derechos no serán respetados» expresó Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero.
Cifra:
17 personas fallecieron en la jornada del 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca.
