Por: Oscar Quintanilla Ponce de León
En Arequipa, en tiempos electorales, discutimos con facilidad quién debe gobernar y con menos entusiasmo para qué quiere gobernar. La discusión sobre el desarrollo de la región casi siempre queda reemplazada por una lista de hospitales, colegios, carreteras y represas. Sin embargo, una región puede desarrollar obras y mantener sus desigualdades. El problema empieza cuando confundimos la capacidad de hacer obras con la capacidad de generar desarrollo.
La segunda vuelta entre Jenry Huisa y Alfredo Zegarra debería obligarnos a discutir esa diferencia. Ambos aspiran a conducir una región que necesita servicios oportunos, inversión productiva y oportunidades fuera de su capital. Antes de preguntar quién promete más, debemos preguntar qué entiende cada uno por desarrollo regional, qué prioridades establece y cómo piensa convertir sus ofrecimientos de campaña en resultados.
Arequipa no parte de cero. El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2026-2035, aprobado mediante la Ordenanza Regional 549, plantea un trabajo que va más allá de una gestión regional e incluye salud, educación, seguridad hídrica, conectividad, sostenibilidad ambiental e innovación. Esa agenda permite exigir algo elemental a los candidatos. Sus propuestas deben explicarnos cómo contribuirán a objetivos regionales que ya existen.
Conviene hacer una distinción entre los instrumentos de planificación y gestión. El plan concertado expresa una visión y estrategias territoriales compartidas. El plan estratégico institucional establece los objetivos y las acciones de la entidad. El plan operativo y el presupuesto deben traducirlos en actividades e inversiones con metas y recursos. En cambio, el plan de gobierno electoral presenta las propuestas y los compromisos de quien solicita la confianza ciudadana para gobernar. Cuando estos documentos van por caminos separados, la planificación corre el riesgo de convertirse en una justificación de decisiones previamente tomadas. O simplemente la gestión queda en piloto automático, repitiendo lo de siempre bajo los lineamientos heredados, sin evaluar qué cambios urgentes necesita la región.
Mi experiencia elaborando planes de gobierno presidenciales y regionales, como asesor de ministros y relator en los GORE Ejecutivos y MUNI Ejecutivos me ha enseñado que la dificultad principal está en escoger. Cualquiera puede hablar de problemas y prometer soluciones. Lo que se necesita es establecer prioridades, reconocer debilidades, identificar competencias y explicar qué se hará para resolver los problemas y qué resultados se esperan. Un plan empieza a mostrar su valor cuando explica qué se atenderá primero y qué tendrá que esperar.
La Arequipa que merecemos puede entenderse desde la vida diaria y sus condiciones. Una madre atendida sin peregrinar entre establecimientos de salud. Un escolar que aprende donde nació. Un agricultor que dispone de agua y llega al mercado sin perder su cosecha. Un joven que encuentra empleo sin abandonar necesariamente su provincia. Estas condiciones deberían orientar las inversiones, incluso cuando producen menos aplausos que una inauguración.
Ese propósito también enfrenta tensiones. La capital y las provincias exigen atención y recursos. Las actividades productivas necesitan infraestructura y conviven con exigencias de protección ambiental. Las grandes inversiones despiertan expectativas legítimas mientras las poblaciones reclaman beneficios inmediatos. Gobernar entonces exige conciliar la inversión, la protección ambiental y las necesidades de las poblaciones que recibirán sus beneficios y asumirán sus impactos.
La campaña también enfrenta distintas ideas sobre lo que significa gobernar. La experiencia en obras y la renovación generacional buscan presentarse como garantías de una buena gestión. Ambas deben someterse a examen. La experiencia necesita demostrar resultados; la renovación, capacidad. Ninguna biografía reemplaza un equipo competente. Tampoco el orgullo regional por sí mismo resuelve la distancia entre vivir en la capital y acceder a servicios desde un distrito apartado.
Detrás de las decisiones, actúan intereses legítimos de trabajadores, profesionales, agricultores, empresarios y poblaciones. También existe el riesgo de que contratistas, operadores o grupos particulares condicionen las prioridades. Evitarlo exige publicar criterios de inversión, transparentar contrataciones y sostener nombramientos por mérito. La independencia se demuestra cuando una autoridad puede rechazar una exigencia poco conveniente, aunque provenga de quienes respaldaron su campaña.
Las oportunidades merecen una discusión igualmente seria. La agenda regional reconoce proyectos y sectores como Majes Siguas, Corío, energías renovables, agroindustria y turismo. Su potencial debe examinarse tomando en cuenta su viabilidad, sus exigencias ambientales y la distribución de beneficios. Un gran proyecto anunciado no equivale a inversión asegurada.
Propongo añadir una exigencia transversal. Vincular la formación técnica y universitaria con proveedores industriales, agricultura moderna y eficiente, servicios digitales y emprendimientos turísticos. La infraestructura puede ampliar mercados; las capacidades permiten aprovecharlos. Sin trabajadores preparados y empresas locales competitivas, parte de los beneficios pasará por el territorio sin producir mejoras en él. El desarrollo exige pensar ambas cosas juntas.
¿Qué muestra la revisión de ambos planes?
Zegarra desarrolla educación, salud, agroindustria, turismo y gestión ambiental, y propone diversificación económica. Sin embargo, su principal debilidad es la distancia entre el tamaño de sus ofrecimientos y los medios que menciona para cumplirlos. Habla de Obras por Impuestos y asociaciones público-privadas, pero no presenta un costeo ni una programación específica que permitan evaluar sus ofrecimientos. Nombrar mecanismos de financiamiento no garantiza que los recursos estén disponibles ni que los proyectos puedan ejecutarse durante el mandato. Tampoco explica cómo distribuirá las inversiones entre la capital regional y las provincias con mayores necesidades. ¿Cómo se vincularán carreteras, formación laboral y actividades productivas para generar oportunidades en las provincias? Además, llama la atención que su documento identifique al movimiento como Arequipa Renace y mencione catorce provincias arequipeñas.
Huisa presenta una concepción territorial más definida al vincular la integración de las provincias con el acceso a servicios y oportunidades económicas. Su plan distingue entre ejecutar presupuesto y mejorar las condiciones de vida de la población arequipeña, un criterio que permite evaluar la inversión por los resultados que produce. Sin embargo, esa orientación necesita mayor precisión en algunas propuestas. La descentralización universitaria, por ejemplo, requerirá acuerdos institucionales, financiamiento y plazos. También debe sustentar los costos y la programación de sus principales intervenciones. Exigir esas precisiones es aplicar el mismo rigor con el que se evalúa a Zegarra. Quien presenta un plan debe conocerlo, defenderlo y responder por sus limitaciones o incoherencias.
¿Quién se aproxima más a la visión de desarrollo que necesita Arequipa?
Considero que Huisa ofrece una orientación mejor planteada. Propone que las municipalidades ejecuten inversiones menores mediante convenios, con financiamiento, asistencia técnica y supervisión regional, mientras el Gobierno Regional concentra su capacidad en grandes proyectos estratégicos. El modelo requiere sustento operativo y controles, pero ofrece una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cómo distribuir las responsabilidades para atender mejor un territorio diverso como el arequipeño?
Por esas razones, la comparación favorece a Huisa en su enfoque de integración territorial, un aspecto decisivo para el futuro regional. Corresponde exigirle que complete costos, plazos y metas, particularmente en educación. Arequipa merece una visión de desarrollo que integre sus provincias y amplíe las oportunidades de toda su gente. El enfoque de Huisa ofrece una base más convincente para ese propósito; su responsabilidad será convertir su plan de gobierno en resultados.
Sobre Oscar Quintanilla Ponce de León
Abogado, egresado de la maestría en Ciencia Política y Políticas Públicas en la PUCP, con formación en Alta Dirección en la Universidad del Pacífico y en la Escuela de Dirección de la UDEP y en Gerencia en la Administración Pública en ESAN y la Contraloría General de la República. Fue asesor de 6 ministros, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director general de la Academia de la Magistratura.
Sobre el autor
