Obreros de Construcción Civil vuelven a atacar en obra de sede Judicial

La mañana del lunes estuvo marcada por una protesta “pacífica” por parte del sindicato de Construcción Civil, en la obra de construcción de una sede del Poder Judicial en el distrito de Cerro Colorado, pero que dejó de serlo desde su convocatoria. Apenas llegaron, el escenario estuvo marcado por violencia, vandalismo y agresiones que dejaron al descubierto la cara más oscura del gremio y que convirtieron las calles y el terreno de la obra en un campo de batalla.

Entre los perjuicios materiales ocasionados se registró que los 4 lados del perímetro de la obra cubiertos con calaminas, quedaron inservibles. Los manifestantes patearon y arrancaron las calaminas del cerco, dejando la construcción expuesta en condiciones de riesgo. Además las cámaras de seguridad de la obra quedaron inservibles pues fueron destrozadas con piedras entre otros objetos que lanzaron los manifestantes. 

El momento más crítico de la mañana quedó evidenciado por los vecinos del lugar, quienes denunciaron que los obreros amenazaban con agresiones a quienes grababan el hecho. A ello se suma la detonación de pequeños explosivos.

Dario Zambrano, representante de la empresa contratista, confirmó que antes del ataque de ayer las pérdidas ya alcanzaban los S/ 417 mil. Cifra que se habría incrementado considerablemente con los nuevos destrozos de la protesta. 

Atacaron a periodista

Como si no fuera suficiente, los actos de violencia llegaron a atentar hasta la prensa arequipeña. Una reportera de Radio Yaraví que cubría la protesta fue acorralada, insultada y amenazada por un grupo de entre 10 y 15 manifestantes, incluyendo mujeres. Le exigieron borrar el material audiovisual registrado. La agresión duró entre 4 y 5 minutos y ocurrió frente a los efectivos policiales, quienes permanecieron indiferentes. «Me acorralan contra la pared y me dicen que borre los videos. Una señora intentó quitarme el celular, mientras los policías solo veían”, relató la periodista.

Consultado sobre los hechos de violencia y las agresiones a la prensa, el secretario general del sindicato, Lugue Espinoza, optó por deslindar responsabilidades. «Nosotros exhortamos a los comités de obra. Cada obra tiene su comité. Nosotros podemos conocer a los que enviamos, pero los demás son desconocidos», afirmó. Espinoza agregó que solo pueden sancionar a «trabajadores asociados» y no a quienes se integren en la protesta a incitar el daño. 

Cobarde excusa

El representante sindical señaló que los agresores podrían haber sido contratados por la misma empresa, aunque no presentó prueba alguna. Argumentó que el retraso de la obra solo beneficia a la empresa contratista ya que ellos igual salen ganando. Sobre el registro que se tiene de los asistentes, expresó que es imposible reconocer a todos pues llegaron a ser más de 8 mil.

Ante el cuestionamiento realizado sobre los comités de obra y a quién responden, la respuesta contradijo sus declaraciones iniciales. Pues expresó que corresponden al sindicato, pero que son más de 80 y la cantidad de personas que integran cada comité no siempre están registradas.

Amenazan a obreros no sindicalizados

La violencia no solo dejó daños materiales, sino también conflictos laborales. Diversos trabajadores han renunciado por temor a su vida, incluyendo personal de la empresa “Nos hemos quedado con 20, con 30 trabajadores, no hay más. Se han retirado trabajadores e incluso contratistas», confirmó Zambrano, quien advirtió que los manifestantes insistirán con su accionar en los días previos.

Detrás de la destrucción persiste un conflicto laboral no resuelto. El sindicato exige la reincorporación de tres trabajadores que fueron retirados de la obra y el cumplimiento de un acuerdo inicial donde se trabajaría con un mayor porcentaje del acordado. La respuesta del representante de la empresa fue que no están en la obligación de dar esos puestos de trabajo pero que se encuentran abiertos al diálogo. Conversaciones que según Zambrano no se han dado por la ausencia del gremio.

Ante la gravedad de los hechos, múltiples instituciones han emitido pronunciamientos. La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse «de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas y sin afectar la propiedad pública o privada». El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, emitió una alerta preventiva advirtiendo que «los actos de violencia son delitos individuales» con penas que van desde 4 hasta 15 años de cárcel. Mientras que la Corte Superior de Justicia de Arequipa expresó su «enérgico rechazo» y exhortó a investigar los hechos.

Ante los abusos registrados la pregunta evidente que queda a la vista de los arequipeños es hilarante: Es el sindicato de ¿Construcción Civil o Destrucción Civil? Mientras el sindicato persiste en su ideario, los vecinos, trabajadores y demás personas afectadas temen por su bienestar en una obra que en principio debería representar la justicia y la paz. 

CIFRA

S/ 34 millones costaría el proyecto, que contaría con 18 órganos jurisdiccionales.

DATO

A pesar de los abusos, no se registraron detenidos ni el inicio de iunvestigación penal.