El proyecto estuvo paralizado por deudas de la empresa ejecutora y falta de pago a obreros. Tras una reunión, se acordó reiniciar trabajos el 13 de abril, aunque persisten dudas sobre su continuidad.
Lo que debía ser una obra emblemática para el turismo en Mollendo terminó envuelto en problemas financieros y reclamos laborales. La reconstrucción del Castillo Forga, en la provincia de Islay, se paralizó en medio de deudas de la empresa ejecutora y la falta de pago a decenas de trabajadores.
El proyecto, financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y valorizado en más de S/ 25 millones, está a cargo de la empresa Aro Constructora y Mineros E.I.R.L., que enfrenta un proceso de cobranza coactiva por parte de la SUNAT. Como parte de estas acciones, se ejecutó el embargo de más de S/ 1.7 millones en sus cuentas bancarias, afectando directamente su operatividad.
A este escenario se sumó la paralización de labores iniciada el 1 de abril por trabajadores del Sindicato de Construcción Civil de Islay, quienes denunciaron el incumplimiento en el pago de aproximadamente un mes de remuneraciones. Al menos 60 obreros resultaron afectados.
El secretario general del gremio, Vladimir Pinto Ocsa, advirtió además que la empresa habría intentado retirar equipos del lugar, lo que generó preocupación por un posible abandono del proyecto.
En este contexto, autoridades, representantes de la empresa y dirigentes sindicales sostuvieron una reunión en la Subprefectura Provincial de Islay, que se prolongó por más de cuatro horas, con el objetivo de destrabar el conflicto.
Según informó la subprefecta Fabiola Calle Espino, tras el diálogo se acordó que no existiría deuda pendiente con los trabajadores, aunque se revisarán aspectos relacionados con aportes como ONP, AFP y otros beneficios laborales. También se garantizó el pago de viáticos para el personal foráneo y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El reinicio ha sido proyectado tentativamente para el lunes 13 de abril.
Dato
El embargo a la empresa ejecutora supera los S/ 1.7 millones ha afectado a más de 90 trabajadores en Arequipa y Tacna.
