Entre los sentenciados figuran dos exgerentes regionales de Educación de Arequipa.
El Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil declaró fundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios que la Contraloría interpuso contra diez exfuncionarios y servidores de la Gerencia Regional de Educación. La Sentencia N° 69-2026-2JPL, ordena que los demandados paguen de manera solidaria S/ 100 mil 800.
Entre los sentenciados figuran los exgerentes de Educación Margarita Monzón Valverde y Raúl Sánchez Miranda. Además de José Roger Llerena Campos, Javier Ascencio Chávez Paredes, Vladimir Ordóñez Escarza, Marleni Chabuca Rodríguez Argüelles, Saida Blanca Gómez Soto, Delia Yupanqui de Suárez, Ana Carolina Manrique Choy y Telésforo León Mamani.
La demanda se dio luego de que la Contraloría determinó que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se pagó a decenas de servidores un concepto de «movilidad local», en aplicación de un convenio colectivo suscrito en diciembre de 2018 entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú (FESADEP). Pero estos ya recibían ese concepto en sus salarios, por tanto el convenio duplicó el beneficio.
En su defensa, los demandados alegaron que el pago no era un incremento remunerativo sino una condición de trabajo derivada del convenio colectivo, con fuerza vinculante entre las partes, y que el procedimiento seguido fue regular, con opiniones legales, certificaciones presupuestales e instructivos internos que respaldaban su actuación. Sin embargo, el Juzgado concluyó que un convenio colectivo no puede válidamente contravenir normas presupuestales de carácter imperativo.
DATO
Dos de los demandados, Vladimir Ordóñez Escarza y José Roger Llerena Campos, fueron declarados rebeldes por no contestar la demanda.
