El municipio pidió una intervención preventiva para evitar una posible reasunción irregular de funciones.
La situación de la municipalidad de El Algarrobal se encuentra a la deriva después de que el alcalde, Florentino Nina Fernández, continua ejerciendo funciones pese a que una sentencia judicial que lo inhabilita para ocupar cargos públicos quedó firme el 11 de mayo de 2026. La Contraloría advirtió que esta situación pone en cuestión la validez de las decisiones adoptadas por la autoridad después de esa fecha.
La condena fue emitida por el delito de nombramiento ilegal para cargo público y posteriormente confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Según el informe de control, Nina fue notificado de la sentencia el mismo 11 de mayo.
Pese a ello, entre el 28 de mayo y el 21 de julio, el alcalde suscribió 11 resoluciones relacionadas principalmente con la incorporación de saldos de balance, mayores ingresos y modificaciones presupuestarias. En conjunto, estos actos estuvieron vinculados a S/3,8 millones en recursos municipales. La Contraloría precisa que esta cifra no representa un perjuicio económico, sino el monto comprometido en las modificaciones aprobadas.
La autoridad también continuó percibiendo remuneraciones correspondientes a mayo, junio y julio, calculadas sobre una base mensual de S/3.300, además de la gratificación por Fiestas Patrias.
El caso ya tuvo consecuencias sobre una obra municipal. La Contraloría archivó la evaluación de un informe previo relacionado con el proyecto de un coliseo municipal en Pampa Inalámbrica, que se busca ejecutar mediante Obras por Impuestos, debido a que uno de los documentos presentados había sido firmado por Nina cuando ya estaba inhabilitado.
La situación también generó un proceso dentro del concejo municipal. Dos regidores solicitaron el 29 de mayo una sesión extraordinaria para evaluar la suspensión. El concejo finalmente aprobó la suspensión el 24 de julio, y el acuerdo fue notificado al alcalde el 4 de agosto.
La Contraloría advierte que los actos administrativos suscritos durante el periodo en que Nina ya estaba inhabilitado podrían carecer de validez legal, debido a que la autoridad no habría contado con competencia para ejercer el cargo. El informe fue comunicado a la municipalidad para que adopte las medidas correspondientes.
Dato
11 resoluciones firmadas por Nina después de quedar firme su inhabilitación.
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