Contraloría detectó servicios adjudicados de manera exprés con declaraciones juradas presuntamente falsas y funcionarias clave con habilitación profesional vencida en procesos de contratación en el distrito de San Sebastián, en Cusco.
Un nuevo informe de control ha encendido las alertas sobre la gestión de recursos públicos en el distrito de San Sebastián, en la provincia del Cusco. La Contraloría General de la República ha identificado una serie de presuntas irregularidades que comprometen tanto los procesos de contratación de servicios como el funcionamiento interno de áreas clave en la administración del gasto municipal.
Dos documentos oficiales —el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 004-2026-2-1628-AOP y el Informe de Orientación de Oficio N.° 007-2026-OCI/1628-SOO— revelan un escenario donde las contrataciones se habrían ejecutado con rapidez inusual y sin filtros adecuados de verificación, mientras que la cadena de administración del dinero público habría estado a cargo de personal con habilitación profesional vencida.
Contratación exprés
Uno de los casos observados se registra en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), donde se contrató a Flor Gabriela Gonzales Castillo como intérprete de lengua de señas mediante la Orden de Servicio N.° 0746 por S/ 4 mil.
Para acceder al servicio, la proveedora presentó una declaración jurada en la que aseguraba contar con más de tres años de experiencia en el sector público o privado. Sin embargo, la Contraloría contrastó la información con registros del Gobierno Regional del Cusco y concluyó que los datos no coincidían con lo declarado.
El proceso llamó la atención por su celeridad: la buena pro fue otorgada el 9 de junio de 2025, mientras que la orden de servicio se emitió apenas un día después, el 10 de junio, evidenciando —según el informe— una falta de control en la verificación de requisitos.
De acuerdo con el Oficio N° 931-2025-GR CUSCO/GRAD-SGGRH, la trabajadora solo registra 7 meses y 5 días de experiencia acumulada, principalmente en labores de Peón II en construcción y limpieza durante los años 2022 y parte de 2024. Además, no existe registro de experiencia en interpretación de lengua de señas.
El informe advierte que estas contrataciones habrían sido posibles debido a la debilidad de los filtros en las áreas de Logística y Abastecimiento, encargadas de validar la idoneidad de los proveedores antes de la adjudicación. Serían dos los funcionarios responsables de no verificar correctamente las irregularidades.
Funcionarias inhabilitadas
El segundo hallazgo, contenido en el Informe N° 007-2026-OCI/1628-SOO, revela un hecho de mayor gravedad institucional: dos funcionarias responsables del manejo del presupuesto y pagos del distrito figuraban como “inhábiles” ante el Colegio de Economistas.
Se trata de Evelyn Naysha García Huallpa, encargada de la Subgerencia de Presupuesto (Colegiatura 2150), y Carmen Ccorihuamán Llaza, responsable de la emisión de órdenes de compra, servicio y comprobantes de pago (Colegiatura 2431).
Ambas mantenían habilitación vencida desde el 30 de abril de 2026, pese a continuar ejerciendo funciones directamente vinculadas a la administración de recursos públicos.
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Según el órgano de control, esta situación compromete la legalidad de los actos administrativos emitidos durante ese periodo y vulnera el principio de legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, además de las normas que regulan el ejercicio profesional de los economistas.
En ese contexto, la Contraloría también observó deficiencias en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, área encargada de verificar que los profesionales mantengan vigente su colegiatura y habilitación durante el desempeño de sus funciones.
Ante este escenario, los informes fueron remitidos a la alcaldesa distrital de San Sebastián, Jackelin Jiménez Chuquitapa, quien deberá adoptar medidas preventivas y correctivas para subsanar las observaciones detectadas y determinar posibles responsabilidades administrativas.
Dato
La Contraloría otorgó a la Municipalidad Distrital de San Sebastián un plazo de cinco días hábiles para informar las acciones adoptadas frente a las observaciones detectadas.
