Regiones del sur coordinan acciones conjuntas para su defensa.
La protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) enfrenta un problema que va más allá de la existencia de leyes: hacer que esas normas se cumplan en territorios amazónicos donde persisten actividades ilegales y extractivas.
Esa fue una de las preocupaciones que reunió durante dos días en Cusco a organizaciones indígenas de Madre de Dios y Cusco, cuyos representantes intercambiaron experiencias y acordaron fortalecer su coordinación para defender los derechos de estos pueblos.
Minería ilegal y deforestación
Las organizaciones indígenas también compartieron experiencias sobre las presiones que existen alrededor de sus territorios.
Entre las amenazas comunes identificadas aparecen la deforestación, la minería ilegal y otras actividades extractivas, fenómenos que pueden incrementar los riesgos para pueblos que han decidido mantener un contacto mínimo o nulo con la sociedad mayoritaria.
La preocupación adquiere una dimensión particular en Madre de Dios, una región donde la minería ilegal continúa generando intervenciones policiales y daños ambientales en distintas zonas amazónicas.
Para los representantes indígenas, la protección de los PIACI no puede abordarse únicamente desde Lima ni limitarse a la emisión de normas. Requiere presencia estatal, vigilancia territorial y coordinación con las comunidades que se encuentran en las zonas colindantes.
Una ley que no se aplica
Uno de los principales puntos abordados fue la aplicación del marco legal que protege a los PIACI. La Ley N.° 28736 establece medidas para proteger a estos pueblos y garantizar derechos vinculados con su vida, territorio y autodeterminación. A ello se suma el Decreto Legislativo N.° 1374, que creó un régimen sancionador frente al incumplimiento de las normas de protección.
No es efectivo
Su reglamento fue aprobado en 2019 y contempla incluso multas que pueden llegar hasta las 1.000 UIT, además del decomiso definitivo de bienes en determinados casos.
El problema señalado durante el encuentro está en la distancia entre ese marco normativo y su aplicación efectiva. Entre las dificultades identificadas aparecen la falta de financiamiento y de personal suficiente y especializado para garantizar la intangibilidad y vigilancia de las reservas. También se cuestionó la falta de aplicación efectiva del régimen sancionador.
Este último punto resulta especialmente sensible porque el Estado cuenta desde 2019 con un reglamento específico que establece cómo investigar y sancionar las infracciones contra la normativa PIACI.
La comunicación como herramienta de defensa
Otro de los ejes del encuentro fue la comunicación. Las organizaciones plantearon fortalecer la capacidad de sus dirigentes para transmitir posiciones consensuadas y comunicar las amenazas que enfrentan sus territorios.
La idea planteada durante es que la vocería indígena no debe depender de una sola persona, sino representar decisiones y mensajes construidos colectivamente.
Para las organizaciones, mejorar esa capacidad permitiría que sus demandas tengan mayor alcance, tanto dentro de sus regiones como ante las autoridades nacionales e incluso organismos internacionales.
Cusco y Madre de Dios comparten problemas
El encuentro también permitió poner en común experiencias de organizaciones que trabajan en territorios distintos, pero que enfrentan problemas similares.
La participación de Fenamad, Coinbamad, Coharyima y Comaru permitió identificar una agenda compartida alrededor de la defensa territorial y la protección de los PIACI.
Alfredo Vargas, presidente de Fenamad, destacó precisamente la unidad alcanzada entre las organizaciones como uno de los principales resultados del encuentro.Esa coordinación busca que las organizaciones no enfrenten de manera aislada las amenazas que afectan a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
La existencia de un régimen legal específico no garantiza por sí sola la protección de los PIACI. El propio Estado ha desarrollado durante los últimos años instrumentos de fiscalización y sanción. En 2020, el Ministerio de Cultura informó que había aprobado la metodología para calcular las multas por infracciones a la Ley PIACI, como parte de la implementación del régimen sancionador.
Dato
El régimen sancionador para proteger a PIACI rige desde 2019 y contempla multas de hasta 1.000 UIT.
