Jefe de la Región Policial, general PNP Michael Flores, reconoció error.
Un presunto error de inteligencia habría provocado la detención de 13 personas durante un operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios. Los intervenidos fueron presentados como integrantes de la organización criminal «Los Guardianes de La Pampa», pese a que, según una investigación periodística, se trataba de propietarios, ingenieros, trabajadores y personal de seguridad que acudieron a una concesión de aguaje para enfrentar la presencia de mineros ilegales. El caso ocurrió el 16 de octubre en Inambari, provincia de Tambopata.
La operación fue ejecutada por efectivos del Ejército y la Policía Nacional que llegaron en helicóptero a los sectores Aguajal y Aguas Negras, a la altura del kilómetro 29 de la carretera Interoceánica. Las fuerzas del orden buscaban a Edinson Fernández Pérez, alias «Chili», señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada a extorsionar a mineros ilegales.
Sin embargo, entre las personas detenidas se encontraba Víctor Quiche, titular de una concesión de conservación de aguaje de 490 hectáreas.
El 11 de septiembre, Víctor Valles Pacaya, representante de los concesionarios, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios por actividades de minería ilegal dentro del área de conservación. La situación también fue comunicada a la Gerencia Forestal Regional y a la Policía Nacional.
La denuncia incluía imágenes y videos sobre los daños ocasionados por la extracción de oro. Los concesionarios solicitaron una intervención para detener la destrucción de los aguajales. Ante la continuidad de estas actividades, el 16 de octubre acudieron al terreno acompañados de ingenieros, obreros y personal de seguridad contratado para proteger la concesión.
El jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Álamo, explicó que la intervención se organizó con información proporcionada por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). El oficial señaló que los intervenidos estaban armados y reconoció que en esa circunstancia se originó el error.
El jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Álamo, explicó que la intervención se organizó con información proporcionada por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). El oficial señaló que los intervenidos estaban armados y reconoció que en esa circunstancia se originó el error.
Por su parte, el general EP Manuel Cotrina Pérez, jefe de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, sostuvo que el Ejército actuó en apoyo a la Policía Nacional sobre la base de una nota de inteligencia. Según explicó, el documento advertía sobre la presencia de integrantes de «Los Guardianes de La Pampa» que habrían ingresado a la zona para extorsionar a mineros ilegales.
El mando militar reconoció que la información recibida no incluía los nombres de las personas que serían intervenidas. Consultado sobre la identificación de los detenidos como integrantes de la organización criminal, respondió que esa era la información proporcionada por inteligencia.
Víctor Quiche declaró a La República que encontraron más de 20 motores de alta potencia utilizados para remover el suelo con bombas de succión. Cuando el grupo se disponía a regresar a Puerto Maldonado, un helicóptero militar llegó al lugar. Según los testimonios recogidos , los efectivos realizaron disparos y redujeron a los presentes.
Los afectados denunciaron que intentaron mostrar los documentos de la concesión, contratos laborales y licencias de armas del personal de seguridad, pero que no se les permitió hacerlo durante la intervención.
El 17 de octubre, un día después del operativo, los ministerios del Interior y Defensa difundieron la captura de 13 presuntos integrantes de «Los Guardianes de La Pampa» como uno de los resultados de la lucha contra la minería ilegal.
Las autoridades informaron sobre la incautación de dos fusiles R15, cinco pistolas, 319 municiones, cinco camionetas, celulares, equipos de comunicación y más de S/ 7.500 en efectivo.
Los intervenidos, sin embargo, sostuvieron que el armamento pertenecía al personal de seguridad contratado y que contaban con las licencias correspondientes.
A raíz de esto, la jueza Joana Cornejo Valderrama, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, dispuso la liberación de las 13 personas el 18 de octubre por insuficiencia de pruebas para mantenerlas detenidas.El proceso continuó bajo comparecencia.
Los afectados también denunciaron presuntos maltratos y cuestionaron la difusión de sus fotografías como supuestos delincuentes. Cuatro de ellos fueron incluidos en una demanda de hábeas corpus por presuntas vulneraciones al derecho de defensa durante la intervención.
Pese a la confusión , el 19 de octubre, cuando las 13 personas ya habían recuperado su libertad, la presidenta Keiko Fujimori visitó las instalaciones de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, en Tambopata.
Durante la actividad, destacó las acciones del Comando Unificado y de la Policía Nacional en la recuperación del orden y la lucha contra la criminalidad. La mandataria estuvo acompañada por los generales Manuel Cotrina y Michael Flores, quienes habían participado en la presentación de los resultados del operativo.
Hasta ahora, no se ha informado de una investigación administrativa concluida que determine responsabilidades por el presunto error ni de meqdidas de reparación frente a las denuncias de los afectados.
Semanas antes, denunciaron ante las autoridades la incursión de personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en los aguajales.
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