Mineros piden intervención del Ejecutivo y Congreso.
La creciente inseguridad en los centros mineros de Puno ha llevado a trabajadores y dirigentes a exigir una intervención contundente del Estado. Representantes de tres cooperativas se concentraron en la Plaza de Armas de Juliaca y advirtieron que intensificarán sus movilizaciones si el Poder Judicial no dicta prisión preventiva contra los seis sospechosos de participar en un asalto armado a la Corporación Minera Ananea S.A. (CMASA).
La protesta se desarrolló mientras el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea realizaba la audiencia, donde el Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de robo agravado, con la agravante de integrar una organización criminal.
Los investigados son Brayahhn Luque Quispe, Fernando Quispe Machaca, Edgar Quispe Gómez, Guido Ortiz Mamani, Gervacio Luque Vilcapaza y Christian Nina Luque, quienes fueron detenidos el 2 de noviembre durante allanamientos realizados en las provincias de San Román y Azángaro, así como en La Rinconada.
Los dirigentes denunciaron constantes asaltos, extorsiones y hechos de violencia en los centros mineros y sus vías de acceso. Aseguraron que algunos trabajadores son amenazados por grupos delictivos y que la presencia policial resulta insuficiente.
Un representante de la cooperativa SECOMIR sostuvo que el asalto afectó recursos destinados al pago de trabajadores y maquinaria. También afirmó que durante las intervenciones policiales se encontraron oro, dinero y armas de fuego, información que no fue detallada en el reporte sobre la audiencia judicial. Los manifestantes señalaron que la inseguridad afecta tanto a las operaciones mineras como a la población.
Ante esta situación, los representantes solicitaron al Gobierno declarar en estado de emergencia La Rinconada y Lunar de Oro, además de reforzar la seguridad con presencia militar.
También dirigieron su pedido a la presidenta Keiko Fujimori y solicitaron la intervención de los representantes parlamentarios de Puno para impulsar medidas frente a la delincuencia. Los dirigentes advirtieron que convocarán a más trabajadores y pobladores para realizar movilizaciones en Juliaca y otras localidades de la región si no se atienden sus demandas.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea continúa evaluando el requerimiento fiscal.
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