La voces que siguen clamando justicia por las esterilizaciones forzadas del régimen de Fujimori

Fotos: Soraida Flores Sutta/ Derechos Humanos sin Fronteras

“Me dijeron que contara. Uno, dos, tres… llegué al 100 y ya no recuerdo más”, esos fueron los últimos instantes antes que la vida de Margarita Rojas cambiara para siempre. Era 1995, tenía 27 años y pocos meses antes había nacido su segunda hija. Vivía en la comunidad de Lutto, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, donde el acceso a educación, salud y servicios básicos era casi nulo. Sin embargo, eso no la detenía de cuidar de su bebé y llevarla a sus chequeos médicos.

Margarita recuerda que esas visitas al puesto de salud se tornaron difíciles por el hostigamiento de algunas enfermeras que le hablaban sobre una campaña de esterilización del Gobierno Alberto Fujimori para que ya no tenga hijos.

“Antes nos daban alimentación, nos daban lentejas, arroz, aceite, harina. Fujimori mandaba esos alimentos para las mujeres, entonces, eso nos daban. Ahí me dijo, ya no te voy a dar mañana Margarita (…) Fujimori, nuestra presidente, ha dicho que se ligue (las trompas) para que no tenga hijos. ¿Para qué vas a tener hijos? Si van a tener hijos ustedes van a pagar de lo que están estudiando en el colegio, va a ser privatizado”, le decían. Ella se resistía a aceptar, pero un día dejaron de intentar convencerla.

La hija menor de Margarita contrajo broncopulmonía. El personal de salud le dijo que debía subir a una ambulancia, junto a otras 15 mujeres, que la llevaría al centro de salud de Santo Tomás donde “curarían” a su bebé. Al llegar, bajó del vehículo y mientras esperaba sentada por su hija le indicaron que le colocarían una ampolla. “Es para las gripes, ustedes están enfermas”. Margarita confió en quienes debía proteger la salud de ella y su bebé.

“Cuente números hasta donde puedas, me dice. Entonces, yo cuento uno, dos, tres, he llegado hasta 100, entonces me dice tú eres fuerte, así me ha dicho un doctor. Después ya no me recuerdo”, cuenta. Cuando despertó, estaba echada en una camilla con una bata blanca puesta. Sentía un dolor en el vientre y al bajar la mirada observa un corte.

Con gran impotencia, Margarita lloraba y gritaba al personal de salud ¿qué le habían hecho? y la respuesta sobre la verdad fue más dolorosa. “Más bien díganos gracias, ya nunca más vas a tener hijo” y la humillación continuó. “¿Quieres tener hartas hijas? ¿Quieres tener como chancho, como conejo?”.

Las secuelas de lo ocurrido fueron no solo físicas sino también emocionales. Cuando enfermaba, temía regresar a un centro de salud porque creía que podría repetirse la historia. Le arrebataron la oportunidad de ser madre de un hijo varón que era su mayor deseo y ahora vive reclamando justicia.

La historia de Aurelia

Era 1 de octubre del año 2000, en la provincia cusqueña de Anta. Aurelia Tacohuanca, de 24 años de edad, corría cargando a su bebé, intentando escapar de un destino que le fue anunciado un día antes. “Yo me fui al cerro a pastear mi vaca y en la tarde mi vecina me dice, mañana de la posta van a venir, te han buscado y no te han encontrado. Dicen que mañana vas a esperar”, recuerda.

Durante un tiempo, el personal de salud le hablaba de la esterilización y le advertía que tendría que pagar por la educación de sus hijos si no aceptaba. “¿Hasta cuándo vas a tener tus hijos? Ya tienes ya cuatro hijos suficientes, acá ustedes parean como cuy y como chancho”, le decían. Ella no hacía caso.

A las 8:30 de la mañana, Aurelia cargó en su espalda a su bebé. “Yo me estuve escapando hacia arriba. Más arriba, mi madre vive, entonces a su casa me estuve yendo. Ella también me había dicho, no te vas a dejar hija que te hagan eso”. Pero la ambulancia la alcanzó y un médico a la fuerza la obligó a subir. En el vehículo estaban otras cinco mujeres y las transportaron hasta el centro de salud de Anta. Al llegar, cuenta que se llevaron a su hija y las hicieron entrar a una sala pequeña, donde las obligaron a que se quiten la ropa.

“Yo tenía miedo de que me hagan algo y no quería quitarme. Había dos, tres doctores. Entonces me dicen, quítate, quítate, hija, rápido tu ropa. Entonces me quito, me pusieron una bata y después me echaron a la cama”.

Aurelia pudo ver todo. Le colocaron anestesia epidural lumbar (adormece la pelvis y extremidades inferiores) y le dieron una pastilla, que mantuvo en su mano y decidió no tomarla. Despierta presenció su propia operación. Al terminar no esperaron por su recuperación y le dijeron que se pusiera nuevamente su ropa. En una banca esperó adolorida, mientras daba de lactar a su hijo, y volvieron a subir a las mujeres a la ambulancia. Recuerda que las llevaron a un mercado donde les sirvieron para que comieran un plato de pescado con arroz y ensalada de lechuga, como si fuera un premio consuelo. Luego la regresaron a su casa.

Durante todo ese episodio recuerda no haber dicho nada. Temblaba y tenía temor. “Después de eso hasta yo tenía miedo de ir a las postas. Cuando me enfermaba todavía me daba miedo de salir de mi casa”. Pero el tiempo le dio las fuerzas para no seguir guardando silencio y exigir justicia.

El regreso de Fujimori

Margarita y Aurelia no esconden su sentir frente a la asunción al Gobierno de la heredera de Alberto Fujimori. Es como regresar el pasado y escarbar más en esa herida que sigue abierta. “Quiero gobernar como mi padre”, dijo en campaña electoral la ahora presidenta Keiko Fujimori, quien parece querer encarnar la figura de su progenitor, sin empatizar con esas víctimas.

Para replicar aún más ese fatídico periodo llevó al Senado del Congreso a Alberto Aguinaga, exministro de Salud del régimen de su padre y procesado por su responsabilidad en el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que derivó en esterilizaciones forzadas masivas.

“Keiko Fujimori tiene que responder por nosotros por esos daños ¿Por qué yo le voy a disculpar a esa señora y a su padre?”, dice Margarita entre lágrimas. “Estamos buscando justicia, pero para nosotros no hay justicia y el Estado no dice nada. Peor será ahora que ha entrado este Gobierno de Fujimori. Va a cerrar nuestros casos. Ni le va a importar”, dice desesperanza Aurelia.

Política impositiva y autoritaria

La política de esterilización forzada implementada en Perú durante los años 1990s y los primeros del 2000, constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación de mujeres indígenas, rurales y económicamente desfavorecidas. Así lo describió el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU.

Más de 300 mil mujeres de Cusco, Puno, Piura, Cajamarca, Áncash y Ayacucho fueron víctimas de esta crueldad, a la que el régimen de Fujimori calificó como una política de control de natalidad. Al día de hoy, el Estado no cumplió con su obligación de investigar estos casos ni de compensar a las afectadas.

Después de casi 30 años, tuvo que ser una instancia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió un primer fallo, el 5 de marzo del 2026, donde se reconoció la responsabilidad del Estado peruano en la esterilización forzada y la muerte de Celia Ramos. Este fue el primer paso, después de un largo camino en la búsqueda de justicia y reconocimiento.

“Esa sentencia reconoce que este fue un programa donde mujeres de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, les vulneraron su derecho a la autonomía y al consentimiento. Vulneraron su derecho a poder decidir”, sostuvo Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Las víctimas fueron objeto de coerción, presión o engaño para ser sometidas a estas cirugías, como ocurrió con Margarita y Aurelia. Para Rocío Silva Santisteban, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), se aplicó una política autoritaria e impositiva.

“Inventaron una serie de mentiras. Les dijeron que si no se ligaban las trompas iban a pagar impuestos, no les iban a dar los alimentos del PRONA o les iban a quitar a un hijo”, sostiene la vocera de Demus.

Búsqueda de justicia

Las esterilizaciones forzadas llegaron a la vía penal, pero el proceso camina lentamente. “En el 2003 han iniciado las investigaciones, para adelante ha habido una serie de impedimentos para que no se pueda investigar para que haya archivos de estos casos a nivel fiscal”, explica Judith Conto, abogada de Derechos Humanos sin Fronteras, organización no gubernamental que acompañó legalmente, en su momento, a las víctimas.

Los delitos que se están investigando son lesiones graves contra 3 mil 707 mujeres y varones, y cinco casos por lesiones graves seguidas de muerte.

En el 2019, finalmente el caso iba a llegar a juicio, pero el investigado y ahora senador Aguinaga presentó un recurso que retrotrajo lo avanzado y la justicia peruana dispuso que el caso se adecue al nuevo Código Procesal Penal.

Por otro lado, en el ámbito constitucional, se consiguió un fallo favorable para la reparación integral de las víctimas y actualmente se está en una etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, el Estado no ha pagado. “La materialización de momento no existe. Estamos hablando en el marco del proceso lo que ha habido son informes, propuestas”, detalla la letrada.

La esperanza en la justicia se ha perdido. “Creo que nos vamos a encontrar justicia, porque somos pobres que no tenemos plata, para la gente con plata nomás hay justicia, uno que no tiene plata estamos buscando justicia”, dice Margarita.

Reescribir la historia

Las mujeres en cuestión no solo sufren las huellas que dejaron las violaciones ejercidas a sus cuerpos y que no haya sanción a los culpables, sino que constantemente son revictimizadas por partidarios de la dictadura fujimorista que deslegitiman sus testimonios e invisibilizan su dolor.

La propia presidenta de la República negó que en la gestión de su padre se hayan cometido estas esterilizaciones forzadas, afirmando que fue “un plan de planificación familiar”. Temen que con este nuevo Gobierno se diga que lo que vivieron, nunca ocurrió y se quiera reescribir la historia.

“Es imposible que puedan borrar lo que ocurrió. Porque las cicatrices están en el cuerpo de esas mujeres”, destaca Silva Santiesteban.

¿Qué podría suceder?

La directora de Amnistía Internacional, Jennie Dador, observa con preocupación los próximos cinco años del Gobierno de Keiko Fujimori. Considerando el comportamiento que tuvieron las bancadas de Fuerza Popular, promoviendo leyes contrarias a los derechos humanos como la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

“Sabemos de la lucha de las mujeres víctimas de hace casi 30 años atrás y al día de hoy. Estos casos también están en peligro con las leyes que favorecen la impunidad”, manifiesta Dador.

A esto se suma la polémica propuesta de campaña de Keiko Fujimori de que el Perú salga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que los ciudadanos no puedan recurrir a la vía internacional, si no hallan justicia dentro del país.

Para Dador, el Gobierno debería empezar por dar una señal de reconocimiento, cumpliendo el pago de las reparaciones y disponer que los diferentes aparatos del Estado colaboren en la identificación de víctimas y entrega de información para continuar con las investigaciones.

CIFRA

+ 300 mil mujeres fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas entre 1990 y 2000, como parte de una supuesta política de natalidad.